“La lucha contra la delincuencia es hoy un problema político de primer orden,
y no solo uno de seguridad ciudadana.
Se puede estar poniendo en juego a la propia democracia…”
CIPER
En los tiempos actuales presenciamos un fenómeno que entrecruza tres tendencias que son de gran peso a nivel internacional, pero que avanzan en direcciones contrarias o no lo hacen a los mismos ritmos; me refiero al proceso de expansión productiva, financiera y comercial que impulsan los agentes económicos de clase mundial y que deriva en grandes éxitos empresariales; de igual forma podemos identificar un crecimiento exponencial de la criminalidad personificada en los diferentes grupos del crimen organizado y que mantienen el “control” de diferentes territorios en todas partes del mundo y que en América Latina se expresa con mayor violencia y contundencia; estos poderes fácticos que retan a las instituciones del Estado o que acuerdan con sectores clave de las clases políticas gobernantes y que les permiten consolidar su presencia. Por último, y no menos importante, está la oleada democrática que es una exigencia ciudadana y que ocupa ya un lugar vital en el funcionamiento de las sociedades actuales.
En América Latina el escenario es complejo y preocupante; no hay expectativas de una recuperación económica sostenida a nivel regional y sólo algunos países mantienen indicadores macro de avance que en buena medida obedece a la lógica mundial de relocalización industrial que favorece a países como México -según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) México ocupa el sitio N°12 en la economía mundial-.
Para algunas regiones del mundo la expansión económica es una realidad y se mantienen condiciones favorables de estabilidad sociopolítica. En este contexto, se llevarán a cabo en 2024 una gran cantidad de procesos electorales; “…Está previsto que seis países de América Latina celebren elecciones presidenciales durante el año nuevo, mientras otros dos tienen agendados comicios municipales.” (BBC Mundo).
AMÉRICA LATINA: AGENDA ELECTORAL 2024
En prácticamente toda la región latinoamericana, existe un desencanto por la democracia y esto se explica porque los grupos políticos que ascienden al poder no cumplen con las expectativas de la ciudadanía y se pierde tanto la confianza como la credibilidad en los partidos gobernantes.
Es imposible que en el corto plazo se puedan resolver problemáticas ancestrales de América Latina; sin embargo, a la ya larga lista de “pendientes”, se agregan temas como la criminalidad y la creciente inseguridad percibida por la ciudadanía, que está harta de que no se generen políticas públicas eficientes que atiendan dichas problemáticas. Más aún, se pueden advertir en muchos casos vínculos estructurales y operativos entre los dirigentes del crimen organizado y los mandos políticos y militares.
A estas alturas no podemos confundir las formas con el contenido; una cosa es que se cuente con el aparato administrativo y logístico que se encarguen de organizar y calificar los comicios, y otra cosa es lograr una participación activa y consciente de la ciudadanía que derive en la construcción de gobiernos legítimos que atiendan y resuelvan las problemáticas que enfrenta la sociedad.
Si aún estamos a favor de un Estado de derecho, es imprescindible que se consoliden las instituciones gubernamentales y que haya una verdadera división de los poderes que garantice un sistema de pesos y contrapesos que procure permanentemente el bien común y la búsqueda de la prosperidad.
El pragmatismo partidista es hoy quien domina en el escenario democrático; su principal preocupación son los triunfos electorales a como dé lugar y lograr posiciones de poder que garanticen dominio y privilegios que les permitan “negociar” con los demás actores sociales, ya sean empresarios, líderes de opinión, poderes fácticos (líderes criminales) y con ello, atender las demandas de los que más influyen en la sociedad, más no de la ciudadanía que es ignorada y/o avasallada.
En conclusión, para que se consoliden las democracias en América Latina los gobernantes deberán atender y resolver prioritariamente los siguientes puntos:
- Promover el crecimiento económico sostenido, a través de políticas públicas que integren a los diferentes agentes económicos y se logren generar empleos permanentes y bien remunerados.
- Enfrentar a la delincuencia y particularmente, diseñar estrategias que neutralicen y debiliten al crimen organizado para que su influencia y hegemonía se vea aniquilada.
- Erradicar las prácticas de corrupción que enriquecen a las élites políticas que derivan en un control “impecable” de la administración pública.
- Consolidar las instituciones públicas que realmente atiendan y resuelvan los problemas cotidianos de la ciudadanía.
- Ejercer de manera eficiente los recursos públicos a partir de la transparencia y la rendición de cuentas.
Estemos atentos a lo que suceda en América Latina y esperemos que la sociedad recupere la confianza en las prácticas democráticas y no seamos cómplices (por omisión o apatía) de regímenes autoritarios que intenten catafixiar libertades ciudadanas por hipotéticas garantías de seguridad pública.
Doctor en Relaciones Internacionales, escritor y articulista.
Docente de tiempo completo del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.
