Durante los pasados treinta años, he tenido el privilegio de liderar equipos de campo trabajando en 119 países, incluyendo a 29 países latinoamericanos, con el fin de identificar cuáles son las mejores maneras para fortalecer al Estado de derecho y a la cultura de la legalidad. A lo largo de décadas, nuestros equipos enmarcados en el International Law and Economic Development Centre, fueron recolectando datos duros (y no solo a través de encuestas de percepción) sobre aquellas políticas públicas más efectivas para fortalecer la aplicación predecible, consistente y coherente de las leyes vigentes en una democracia, y a través de órganos judiciales y regulatorios percibidos socialmente como legítimos.
Al mismo tiempo hemos identificado aquellas prácticas que favorecen la legitimidad social de las instituciones vigentes como derivadas de las preferencias ciudadanas en una democracia. En ambas dimensiones, la del Estado de derecho y la de la cultura de la legalidad, lo que nos llamó la atención desde los años 90 del siglo pasado es que los países rankeados con los índices más altos de democracia y de Estado de derecho son, al mismo tiempo, los países que han desarrollado los más diversos y los más frecuentes mecanismos sociales de gestión ciudadana en la implementación de políticas públicas. Es decir, la movilización ciudadana en términos de protestas callejeras o de presión mediática con denuncias ciudadanas no demuestran causar impacto en los índices de democracia con Estado de derecho.[1] Sin embargo, los mecanismos de control social legislados que asignan atribuciones a la ciudadanía para técnicamente auditar a la delineación y ejecución de presupuestos del Estado, incluyendo a las auditorías de las contrataciones públicas, y los mecanismos de reasignación social de bienes decomisados a aquellas personas sentenciadas por corrupción, son mecanismos que han fortalecido los índices de cultura de la legalidad, democracia y Estado de derecho. Es así como Chile, Colombia o Uruguay han ensayado estos mecanismos concretos y legislados de control social a lo largo de sus consolidaciones democráticas.
Lo anterior implica que el control de la ciudadanía sobre las instancias del poder público pasa por el diseño de mecanismos e instituciones de sociedad organizada para así aplicar técnicas operativas de gestión y control social al funcionamiento del Estado. En el caso de la reasignación social de bienes decomisados a la corrupción, se observa que en Colombia y en Italia miles de propiedades no solo dejan de estar en las manos de redes criminales, sino que también debilitan el funcionamiento de estas mafias y generan una percepción creciente entre la ciudadanía de eficiencia de las instituciones legales y democráticas.
Si nos focalizamos en la experiencia de los países de Europa Occidental, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, se observa que el poder legal de auditoría ciudadana se extiende a los procesos electorales, a los Poderes Judiciales, Ejecutivos y Legislativos. Esto ha permitido que auditorías ciudadanas compuestas por redes de periodistas o redes de activistas sociales hayan podido identificar incontables redes criminales compuestas por políticos y empresarios saqueando los presupuestos de los Estados a través de contrataciones públicas. Ha sido así que los reportes de auditorías ciudadanas en Alemania, EE. UU. y Canadá son derivados a fiscalías que a través de leyes contra la delincuencia organizada (tal como la ley RICO en EE. UU.) han desmantelado a cientos y cientos de redes criminales compuestas por funcionarios de los sectores públicos y privados. El efecto de este “partnership” operativo entre sociedad civil y Estados ha tenido repercusiones significativas en la disminución de la delincuencia organizada y de la corrupción en 67 países del planeta, 11 de estos en Latinoamérica.
En este contexto, en aquellos países tales como Brasil, Chile y Uruguay en donde se han implementado por ley mecanismos de gestión y control social del poder público, ha resultado en una mejora en la percepción de legitimidad de las instituciones del Estado y ha mejorado la cultura de la legalidad medida a través de percepciones de respeto a las leyes vigentes y a los procesos democrático-electorales.
Mi experiencia presente en países que padecen retrocesos democráticos, tal como Argentina, El Salvador y México, es que los políticos de todos los partidos en estos países rechazan los antedichos roles formales de control social operativos. En Argentina, por ejemplo, funcionarios públicos del más alto nivel político le han manifestado al que esto escribe sus apoyos “off the record” para la elaboración de proyectos de leyes de auditoría ciudadana y de extinción de dominio patrimonial de funcionarios públicos, empresas privadas o personas físicas que no puedan explicar el origen legal de sus patrimonios. Sin embargo, al mismo tiempo, estos mismos funcionarios del más alto nivel político de todos los partidos confiesan sus miedos de que si se aprobasen tales leyes, estos instrumentos jurídicos les serían aplicados a ellos mismos. Esta combinación de cobardía política, cinismo elitista y corrupción política impiden que las sociedades civiles adquieran un rol real de control del poder público. Es por esto que justo en estos patéticos casos es en donde más se necesita una presión social organizada y focalizada para vencer estas resistencias y aprobar mecanismos de control social cuya experiencia internacional han demostrado ser las más efectivas vías para fortalecer a las democracias a través del Estado de derecho y la cultura de la legalidad.
[1] Ver The Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index: https://www.economist.com/graphic-detail/2023/02/01/the-worlds-most-and-least-democratic-countries-in-2022?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=19495686130&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gclid=EAIaIQobChMIi5qHwsCl_gIViOvICh0e7QNnEAAYASAAEgKoy_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Académico investigador “Senior” en la Universidad de Columbia, EUA; director del “International Law and Economic Development Center”; presidente del Directorio del “Friends of the Wildlife Justice Commission” (USA); académico “Senior” visitante de la Università degli Studi de Torino (Italia) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México). Escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional especializado en la prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos organizados. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos internacionales como UN, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional en estos mismos rubros.
