En México, a lo largo de los últimos cincuenta años, se ha desarrollado un proceso complejo en la relación entre delincuencia organizada, democracia y poder político. Entre 1994 y 1995 trabajamos en el libro Seguridad Pública en México: problemas, perspectivas y propuestas, donde pronosticamos lo que sucedería tras la fragmentación política derivada del fin del modelo de partido hegemónico. En aquel momento, el PRI mantenía un control político absoluto y, aunque existía relación entre poder político y delincuencia organizada, los mercados ilícitos eran más pequeños, más controlados y con un sistema centralizado de gestión.
Sin embargo, existían conflictos, no solo entre los órganos mexicanos de justicia, también los había entre las agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el Departamento de Estado, y entre estas mismas con las mexicanas, particularmente en el marco de la lucha contra el comunismo en América Latina. El caso Camarena es un ejemplo claro de esos cruces y, que incluso hoy, vuelve a discutirse con el juicio a Caro Quintero en Nueva York.
En 2013, un Tribunal Colegiado en Jalisco concedió un amparo a Caro Quintero que lo liberó. Esto motivó a la familia de Camarena a interponer un recurso para restablecer la sentencia, reactivándose con ello el proceso judicial en Estados Unidos. Ello evidencia cómo decisiones judiciales en México siguen teniendo consecuencias, mostrando la influencia persistente de aquellas resoluciones.
El impacto es evidente hoy, cuando los cárteles mexicanos fueron declarados organizaciones narcoterroristas por el gobierno de Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump. Vale aclarar que, según la legislación internacional, ya desde antes de 2025 cometían actos que calificaban como terrorismo: el uso de explosivos en Morelia, la compra de armamento, el entrenamiento con grupos de Medio Oriente y ataques como el del Camino Real de Guadalajara. Y, sin embargo, los gobiernos mexicanos, durante mucho tiempo, evitaron aplicar esa legislación, a pesar de la evidencia.
Hoy tenemos un modelo de presión gigantesca. The New York Times reveló que el presidente Trump autorizó al ejército estadounidense a realizar acciones directas contra cárteles mexicanos, venezolanos y contra la Mara Salvatrucha, hecho que también alcanzará a políticos de primer nivel. Esto supone presión no solo sobre México, sino también sobre Venezuela. El mismo Nicolás Maduro, presidente venezolano, ha sido ya calificado como jefe del “Cártel de los Soles”, fijándose por su captura una recompensa de 50 millones de dólares. Esto va tan en serio que desde hace unas semanas presenciamos un importante despliegue de fuerza marítima en aguas del Caribe, que incluso, ya derivó en el hundimiento de un barco supuestamente cargado de drogas, operado por organizaciones narcoterroristas y proveniente de dicho país latinoamericano.
La posibilidad de que EE. UU. ejecute una operación para detener a Maduro, similar a la realizada contra Noriega en Panamá, es absolutamente real. Incluso podrían emplearse drones y ataques selectivos, como se ha hecho con líderes terroristas en Medio Oriente. Maduro, por su parte, se encuentra debilitado y con mínima legitimidad internacional tras varios fraudes electorales, lo que lo hace particularmente vulnerable.
Como consecuencia, se cierne un asedio gigantesco sobre México cuya fragmentación política ha facilitado la penetración criminal. Un error estratégico fue la política de Genaro García Luna en 2007 quien, al fortalecer las policías municipales sin los controles adecuados, amplió la capacidad de infiltración del crimen organizado. Municipios como Iguala ilustran trágicamente cómo estas estructuras propiciaron tragedias como la de Ayotzinapa.
Pero, lo más novedoso sobre el caso mexicano no es solo la infiltración criminal en instituciones —que ha existido desde hace décadas—, sino la conversión directa de criminales en actores políticos: presidentes municipales, líderes ejidales y sindicales, e incluso jueces. Esto se observa en los representantes públicos emanados de Morena, pero también en los de otros partidos políticos. El crimen organizado busca controlar el aparato estatal desde adentro.
La presión estadounidense no requiere una invasión militar. El sistema financiero de EE. UU. puede asfixiar a bancos y empresas mexicanas mediante simples designaciones, como ya ocurrió recientemente con casas de bolsa y bancos. Ninguna institución mexicana es capaz de resistir ese poder de sanción.
Actualmente, los cárteles no se limitan al tráfico de drogas, sino que controlan al menos 26 actividades ilícitas: tráfico de migrantes, robo de hidrocarburos, extorsión, piratería, narcomenudeo, entre otros delitos. El huachicol, en particular, conecta directamente con redes en el sur de Texas, afectando circuitos económicos y posiblemente políticos en ambos lados de la frontera.
La conclusión es clara: vivimos un escenario donde los cárteles se han convertido en actores políticos y económicos de primer orden, y donde la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, jugará un papel decisivo. Las acusaciones y amenazas contra Maduro y el endurecimiento de su postura hacia México marcan un nuevo paradigma: el del combate al terrorismo, tal como fue aprobado por las Naciones Unidas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.
Finalmente, este cambio que observamos entre el Trump 1 del primer mandato —más desordenado, más errático— y el Trump 2 de este segundo periodo —con acciones claras, determinadas y diseñadas desde think tanks de la derecha estadounidense—, nos obliga a reflexionar sobre las implicaciones inmediatas de este nuevo frente, no solo contra México o Venezuela, sino contra América Latina en su conjunto.
Doctor en Filosofía del Derecho. Actualmente es Consultor internacional en materia de Seguridad Pública y Delincuencia Organizada; es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales; participa semanalmente en Canal ADN40 y en otros medios de comunicación; y litiga asuntos nacionales e internacionales como abogado de Segundo Piso.
Ha sido Coordinador de Asesores del Procurador General de la República; Titular Fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR; Experto de alto nivel en la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales en materia de delincuencia organizada y corrupción. Es autor en muy diversas obras bibliográficas y ha participado en la construcción de instituciones y leyes relacionadas con la justicia, la delincuencia organizada, la seguridad y estrategias anticorrupción.
