Su fragilidad intrínseca, hace que la democracia necesite de la acción comprometida tanto de un Estado de derecho capaz de desplegar un mínimo de eficacia, como de una ciudadanía dispuesta a respaldar con su voto y, en su caso, con su movilización la vigencia de sus instituciones.
El pleno respeto a las reglas de acceso al poder por parte de quienes aspiran a representar a sus conciudadanos constituye un requisito sine qua non de su funcionalidad, comenzando por acatar aquello de una persona un voto, para continuar por garantizar el derecho de votar y ser votados en un contexto de igualdad de condiciones para contender, imparcialidad, objetividad y certeza jurídica de las decisiones, trasparencia y máxima publicidad del proceso mismo.
Pero ¿qué sucede cuando el nivel de eficacia del Estado es insuficiente para evitar que poderes fácticos distorsionen la voluntad de los electores y/o inhiban la libertad de los partidos y candidatos en contienda para desarrollar sus labores proselitistas, y que la ciudadanía en general se deba replegar ante dicho embate, para proteger su integridad personal? La respuesta es evidente, nos encontramos ante un escenario de disrupción democrática, es decir de una fractura de las reglas establecidas y por tanto de resultados por lo menos ilegítimos, en condiciones de ser probados como ilegales.
Las recientes elecciones intermedias de México se desarrollaron en el contexto de la espiral de violencia que ha venido dañando al país durante las últimas tres administraciones, agravado por el manifiesto incremento de la misma durante los últimos tres años, expresada en poco más de 100 mil víctimas mortales.
De manera específica, la consultora ETELLEKT (https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J21-etellekt.html) especializada en esos temas, en su Séptimo Informe de la Violencia Política en México, estableció un balance final de la violencia contra políticos durante el proceso electoral 2020-2021 donde registra 1,066 delitos globales (agresiones) en contra de personas políticas, de las cuales 106 fueron víctimas de homicidio doloso, 36 de ellas aspirantes y candidatos a cargos de elección.
Según el referido informe la violencia política se extendió a las 32 entidades federativas y abarcó 570 municipios, (29 ciudades capitales incluidas) y aun cuando disminuyó en número de víctimas mortales, las agresiones se incrementaron 38% con relación al proceso electoral 2017-2018.
Textualmente ETELLEKT Consultores, determina que: Uno de los datos centrales que marcarán este proceso es que la violencia afectó mayoritariamente a políticos y candidatos opositores a los gobiernos estatales en el 75% de los casos, pero no menos importante es que el 75% de los aspirantes y candidatos a puestos municipales agredidos eran al mismo tiempo opositores a los alcaldes de los mismos municipios en donde competían. Así mismo cuestiona la eficacia de los operativos de protección montados por el gobierno federal y con respecto a la acción de los gobiernos estatales en la materia, los califica de reactivos e incapaces.
Al mismo tiempo que se difundía el referido trabajo, y mientras varios medios de comunicación daban cuenta de la notoria participación del crimen organizado en la definición de los resultados electorales en varias entidades federativas, la mayoría en favor de las candidaturas del partido oficial Morena, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador declaraba el 7 de junio que la delincuencia organizada se ‘portó bien’ en las elecciones (https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2021/2021/06/07/delincuencia-organizada-se-porto-bien-en-elecciones-afirma-lopez-obrador/)
Es claro que la fortaleza de la democracia vive su prueba de fuego bajo gobiernos populistas, la pregunta es si eso implica también dejar hacer y dejar pasar al delito o si estos gobiernos están dispuestos a atajar en los hechos toda sospecha de connivencia con la ilegalidad. El caso de México es un gran escenario de observación al respecto, y tanto la situación como la pregunta, antes expresadas, conforman sin duda toda una Alerta que Save Democracy, está obligada a registrar.
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina y el Caribe (COPPPAL) y secretario ejecutivo de la Fundación Gustavo Carvajal Moreno, Mensajero de la Paz. Político y escritor mexicano ocupado en los temas de gobernabilidad de la democracia. Ha sido académico, legislador y funcionario público. Desde hace casi 20 años milita activamente en favor de hacer avanzar la reforma del Estado en México, en particular de su régimen de gobierno, tarea en la que además de publicar múltiples artículos y libros en la materia.
