México enfrenta una creciente espiral de violencia criminal desde hace dos décadas que hoy alcanza niveles sin precedentes. Desde hace una semana en ese país, y más concretamente en los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán, se vive un clima de auténtico terror provocado por la quema de decenas de vehículos y numerosos establecimientos comerciales y gasolineras, el secuestro de elementos de la Guardia Nacional, el enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada y el Ejército en varios puntos y, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas a consecuencia de estos hechos.
Este escenario es una tragedia social que afecta la vida pacífica de la ciudadanía e impide el desarrollo futuro de su democracia. Hasta hoy no han existido respuestas gubernamentales efectivas para combatir y prevenir el establecimiento y crecimiento de redes criminales transnacionales que han diversificado sus delitos económicos más graves, como la descontrolada trata de personas, y que compiten por la captura de vastos territorios y sus gobiernos constitucionales. La gravedad de esta situación bloquea el funcionamiento normal de las instituciones del sector público y del sector privado, amenazando también la seguridad humana de la población civil mexicana.
Dicha violencia criminal con cada día más frecuentes actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad que en un 99% de los casos quedan en total impunidad, hace indispensable que las instituciones del sector público de México reaccionen frente a los bloqueos mafiosos y la utilización del terror como nueva arma de presión, control y expansión. En este sentido, hemos de puntualizar que el uso excesivo de la fuerza y la militarización de la seguridad pública no parecen haber sido un aporte al desarrollo de la democracia mexicana ni al buen gobierno.
Es hora de que los tres poderes del Estado junto a todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil acuerden la aplicación de las prácticas antimafia que están plasmadas en las Convenciones de las Naciones Unidas que México ha firmado y ratificado como país soberano. Hoy más que nunca el camino es el de la construcción de consensos y no el de la confrontación.
En este legítimo contexto, Save Democracy hace un llamado a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado para generar el consenso político necesario para aplicar estas políticas públicas hoy ausentes en ese país y así luchar contra la violencia criminal, la impunidad y la falta de transparencia que, cada día más, padece su población.
