El número creciente de países que vienen padeciendo de los más variados deterioros en sus instituciones democráticas incluyen a todas las regiones del planeta, desde Latinoamérica, por ejemplo, en México, o en Europa con el caso de Hungría con el régimen cada vez más autoritario del presidente Orban, o en África con casos como el de Sudáfrica bajo el régimen de Jacob Zuma o en Asía con el caso de Hong Kong bajo el yugo de la dictadura del presidente Xi de China. En todos estos tan diversos casos interregionales, se observa un colapso o debilitamiento en el “sistema inmunológico” institucional diseñado y dedicado a controlar con Estado de derecho el acceso democrático al poder y el ejercicio de los poderes públicos. Como resultado, se observa en todos estos países un deterioro creciente de los procesos de traducción de preferencias sociales de las mayorías y minorías ciudadanas en armónicas políticas públicas de Estado.
En este contexto, las previamente denominadas democracias incipientes, tal como es el caso de México, se han venido degenerando en sistemas políticos híbridos, más caracterizados por un cada vez más frecuente electoralismo demagógico financiado por dineros ilegales provenientes de la delincuencia organizada que, posteriormente, se asignan al clientelismo conjugado con un autoritarismo disfrazado de “democracia” populista que desmantela a las débiles instituciones de control electoral y de control judicial del ejercicio de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La pregunta empírica obligada, entonces, debería ser ¿cuáles son los factores más significativos y que mejor explican el deterioro de estas instituciones de control democrático-electoral y de ejercicio del poder?
Con base en los Índices internacionales de fortaleza de las instituciones democráticas generados y publicados por The Economist Intel Unit (EIU) y con base en estudios de campo del autor que esto escribe, se puede observar que los países que muestran mayores niveles de corrupción al más alto nivel político y con la más alta frecuencia y diversidad de delincuencia organizada, también padecen los más débiles niveles de institucionalidad de controles democráticos con los más bajos niveles de Estado de derecho. Es decir, el crecimiento de la corrupción con delincuencia organizada se asocia a los episodios de colapso en las instituciones que aseguran representatividad democrática con Estado de derecho en los controles de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es así que, al combatir a la delincuencia organizada compuesta por redes criminales de políticos y de personas jurídicas empresariales dedicadas al más diverso tráfico ilegal de innumerables bienes y servicios con derivado lavado de dinero, al mismo tiempo se fortalecen las instituciones que previenen el establecimiento de demagogias autoritarias.
La delincuencia organizada con un componente político siempre causa mayor frecuencia de corrupción en el sector público lo que, a su vez, gradualmente bloquea el acceso de la ciudadanía a 58 tipos de servicios públicos. Entre estos servicios bloqueados por la corrupción mafiosa se encuentran el acceso a la justicia, a la seguridad pública, a la salud pública de calidad, al sufragio sin fraude y a la vivienda, todos estos, considerados derechos humanos fundamentales. Sin poder acceder a estos servicios y ante la desesperación social causada por la inseguridad humana, la ciudadanía promedio se rinde ante el hartazgo y pierde la fe en las instituciones democráticas cayendo en las garras del mesianismo autoritario de líderes demagógicos que al llegar al poder desmantelan las ya débiles instituciones de control electoral y de Estado de derecho.
Esta espiral perniciosa caracterizada por el colapso de instituciones democráticas continúa hasta que brotan reacciones sociales demandando el retorno a la institucionalidad democrática con controles de los tres poderes públicos con pesos y contrapesos. En este contexto, las más profundas crisis políticas encierran a las raíces y a los catalizadores de las reformas hacia la reinstauración de las democracias con Estado de derecho.
Como recomendación de política pública, se puede concluir que la prevención de regímenes demagógicos autoritarios pasa primero, por combatir y prevenir el crecimiento de la delincuencia organizada de naturaleza política y empresarial, lo cual incluye por definición a los actos de corrupción al más alto nivel político. Para este propósito preventivo, es menester reformar los marcos jurídicos electorales para que se requieran auditorías preventivas en el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, auditorías en la selección de precandidaturas por voto popular (y no por “dedazo”) en las elecciones preliminares (primarias), todo esto conjugado con programas de educación cívica que fortalezcan la cultura de la legalidad entre la población.
Países de nuestra región como Brasil, Chile o Uruguay no han quitado “el dedo del renglón” y continúan invirtiendo en estas 4 áreas de política pública preventiva. Mientras que otras naciones como Argentina, El Salvador, México o Perú que no han invertido recursos en estas áreas para prevenir la instauración de demagogias autoritarias, hoy presentan un proceso de extinción de sus instituciones democráticas, situación que nos obliga a activar alarmas tempranas para evitar un mayor deslizamiento no solo hacia un autoritarismo demagógico sino también mafioso.
El número creciente de países que vienen padeciendo de los más variados deterioros en sus instituciones democráticas incluyen a todas las regiones del planeta, desde Latinoamérica, por ejemplo, en México, o en Europa con el caso de Hungría con el régimen cada vez más autoritario del presidente Orban, o en África con casos como el de Sudáfrica bajo el régimen de Jacob Zuma o en Asía con el caso de Hong Kong bajo el yugo de la dictadura del presidente Xi de China. En todos estos tan diversos casos interregionales, se observa un colapso o debilitamiento en el “sistema inmunológico” institucional diseñado y dedicado a controlar con Estado de derecho el acceso democrático al poder y el ejercicio de los poderes públicos. Como resultado, se observa en todos estos países un deterioro creciente de los procesos de traducción de preferencias sociales de las mayorías y minorías ciudadanas en armónicas políticas públicas de Estado.
En este contexto, las previamente denominadas democracias incipientes, tal como es el caso de México, se han venido degenerando en sistemas políticos híbridos, más caracterizados por un cada vez más frecuente electoralismo demagógico financiado por dineros ilegales provenientes de la delincuencia organizada que, posteriormente, se asignan al clientelismo conjugado con un autoritarismo disfrazado de “democracia” populista que desmantela a las débiles instituciones de control electoral y de control judicial del ejercicio de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La pregunta empírica obligada, entonces, debería ser ¿cuáles son los factores más significativos y que mejor explican el deterioro de estas instituciones de control democrático-electoral y de ejercicio del poder?
Con base en los Índices internacionales de fortaleza de las instituciones democráticas generados y publicados por The Economist Intel Unit (EIU) y con base en estudios de campo del autor que esto escribe, se puede observar que los países que muestran mayores niveles de corrupción al más alto nivel político y con la más alta frecuencia y diversidad de delincuencia organizada, también padecen los más débiles niveles de institucionalidad de controles democráticos con los más bajos niveles de Estado de derecho. Es decir, el crecimiento de la corrupción con delincuencia organizada se asocia a los episodios de colapso en las instituciones que aseguran representatividad democrática con Estado de derecho en los controles de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es así que, al combatir a la delincuencia organizada compuesta por redes criminales de políticos y de personas jurídicas empresariales dedicadas al más diverso tráfico ilegal de innumerables bienes y servicios con derivado lavado de dinero, al mismo tiempo se fortalecen las instituciones que previenen el establecimiento de demagogias autoritarias.
La delincuencia organizada con un componente político siempre causa mayor frecuencia de corrupción en el sector público lo que, a su vez, gradualmente bloquea el acceso de la ciudadanía a 58 tipos de servicios públicos. Entre estos servicios bloqueados por la corrupción mafiosa se encuentran el acceso a la justicia, a la seguridad pública, a la salud pública de calidad, al sufragio sin fraude y a la vivienda, todos estos, considerados derechos humanos fundamentales. Sin poder acceder a estos servicios y ante la desesperación social causada por la inseguridad humana, la ciudadanía promedio se rinde ante el hartazgo y pierde la fe en las instituciones democráticas cayendo en las garras del mesianismo autoritario de líderes demagógicos que al llegar al poder desmantelan las ya débiles instituciones de control electoral y de Estado de derecho.
Esta espiral perniciosa caracterizada por el colapso de instituciones democráticas continúa hasta que brotan reacciones sociales demandando el retorno a la institucionalidad democrática con controles de los tres poderes públicos con pesos y contrapesos. En este contexto, las más profundas crisis políticas encierran a las raíces y a los catalizadores de las reformas hacia la reinstauración de las democracias con Estado de derecho.
Como recomendación de política pública, se puede concluir que la prevención de regímenes demagógicos autoritarios pasa primero, por combatir y prevenir el crecimiento de la delincuencia organizada de naturaleza política y empresarial, lo cual incluye por definición a los actos de corrupción al más alto nivel político. Para este propósito preventivo, es menester reformar los marcos jurídicos electorales para que se requieran auditorías preventivas en el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, auditorías en la selección de precandidaturas por voto popular (y no por “dedazo”) en las elecciones preliminares (primarias), todo esto conjugado con programas de educación cívica que fortalezcan la cultura de la legalidad entre la población.
Países de nuestra región como Brasil, Chile o Uruguay no han quitado “el dedo del renglón” y continúan invirtiendo en estas 4 áreas de política pública preventiva. Mientras que otras naciones como Argentina, El Salvador, México o Perú que no han invertido recursos en estas áreas para prevenir la instauración de demagogias autoritarias, hoy presentan un proceso de extinción de sus instituciones democráticas, situación que nos obliga a activar alarmas tempranas para evitar un mayor deslizamiento no solo hacia un autoritarismo demagógico sino también mafioso.
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Académico investigador “Senior” en la Universidad de Columbia, EUA; director del “International Law and Economic Development Center”; presidente del Directorio del “Friends of the Wildlife Justice Commission” (USA); académico “Senior” visitante de la Università degli Studi de Torino (Italia) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México). Escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional especializado en la prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos organizados. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos internacionales como UN, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional en estos mismos rubros.
