Después de tres olas democráticas que desde 1828 y hasta principios de este milenio se beneficiaron de transiciones hacia sistemas políticos parcialmente aunque incrementalmente representativos de la ciudadanía y con más desarrollo del Estado de Derecho, hoy estamos viviendo un proceso inverso hacia un cada vez más grave retroceso democrático.
Durante la primera ola de democracias entre 1828 y el surgimiento del régimen fascista en Italia en 1922, 29 países transitaron hacia democracias parcialmente representativas; la segunda ola surgió con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en donde 36 países transitaron hacia sistemas cada vez más representativos de la ciudadanía; y finalmente, a partir de la transición hacia la democracia en Portugal en 1974, surgió una tercera ola democratizadora que incluyó a más de 60 países del mundo que comenzaron a transitar hacia sistemas políticos plenamente representativos de las ciudadanías.
Sin embargo, desde 2003 observamos que 37 países que poseían democracias maduras o que transitaban hacia una democracia comenzaron a adoptar sistemas políticos que están retrocediendo y mostrando un comportamiento institucional característico de lo que se denomina demagogia-autoritaria o populismo autoritario y que tiende a hacerle un “by pass” a las instituciones democráticas para apelar directamente al uso de la división social y del autoritarismo como su principal mecanismo de acceso y ejercicio del poder.
Si se determinan las causas principales de este retroceso global de la democracia, después se podrán focalizar las acciones colectivas para mejorar el desempeño de los sistemas políticos democráticos y así revertir esta nueva ola antidemocrática.
Un resumen de la experiencia de campo del que esto escribe dirigiendo a equipos en 121 países y el resumen de la literatura especializada que se focaliza en el deterioro de los sistemas democráticos a escala global, indican que existen cuatro principales factores que explican este retroceso democrático:
- El debilitamiento o colapso de los canales institucionales diseñados para traducir la voz de la ciudadanía en políticas públicas, los cuales incluyen la baja calidad por coerción y corrupción de los procesos electorales y el financiamiento ilegal de los procesos electorales junto a la poca o inexistente frecuencia de plebiscitos y de referéndums constitucionalmente fundamentados, y la captura del Estado por parte de grupos económicos legales o de redes criminales organizadas;
- El debilitamiento o desaparición de las políticas económico-sociales que permiten compartir la prosperidad patrimonial de un país aunado a una creciente concentración de la riqueza;
- La caída en los indicadores de gobernabilidad referentes a la integridad, el mérito y la efectividad en el desempeño de funcionarios públicos del más alto nivel político;
- Y la capacidad de acceso práctico y efectivo de todos los estratos socio-económicos a 58 bienes y servicios sociales clasificados por las leyes internacionales de la ONU como derechos humanos (por ejemplo, el acceso a la seguridad pública, el acceso a la justicia, el acceso a la salud pública, el acceso a la educación cívica, el acceso a la vivienda, acceso al agua potable, el acceso a trabajo formal mejor remunerado, etc.).
El análisis político-institucional de los 37 países que desde 2003 han experimentado retrocesos democráticos tienen en común estas 4 causales de debilitamiento institucional, y de éstas la que mayormente ha demostrado iniciar el proceso de retroceso siendo además catalizadora de las otras tres, es el incremento descontrolado en el concentración de la riqueza que más tarde se traduce en una mayor captura del Estado por parte de empresarios cortesanos, tal como lo que, por ejemplo, se observa en el caso de Elon Musk asociado al presidente electo Donald Trump o en el caso de “tycoons” que rodean hoy al presidente Javier Milei en Argentina.
En este contexto, las políticas públicas para revertir este retroceso democrático requieren abordar estas 4 áreas causales recuperando, por ejemplo, los canales institucionales que fielmente reflejen la voz de la ciudadanía a partir de controles regulatorios estrictos en el financiamiento privado de las campañas electorales y de los partidos aunado a un combate contra el rol de la delincuencia organizada en la corrupción de funcionarios públicos del más alto nivel. Otra política pública paralela requiere el fortalecimiento en el acceso institucional a los 58 derechos sociales hoy estipulados en la legislación internacional que hacen a la calidad de vida de la ciudadanía.
Países como Chile, Uruguay y en mayor medida Finlandia o Estonia han logrado evitar retrocesos democráticos debido a que no experimentaron deteriores institucionales en estas 4 áreas. Las democracias modernas que han retrocedido sus sistemas políticos hacia demagogias de carácter autoritario han, primero, permitido una descontrolada concentración de la riqueza privada que a su vez minó la voz efectiva de la ciudadanía y, por definición, no garantizo una prosperidad compartida con más derechos humanos accesibles y menos corrupción política. Estratos sociales que se auto perciben vulnerables ante este cuadro de deterioro en sus calidades de vida terminan buscando alternativas políticas distintas a la democracia.
En este sentido, quienes luchamos por la democracia debemos mirarnos en el espejo y reconocer las fallas de los sistemas políticos democráticos previos para después promover políticas públicas correctivas a estos 4 detonantes, pues solo así podremos comenzar a visualizar una cuarta ola democrática futura.
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Académico investigador “Senior” en la Universidad de Columbia, EUA; director del “International Law and Economic Development Center”; presidente del Directorio del “Friends of the Wildlife Justice Commission” (USA); académico “Senior” visitante de la Università degli Studi de Torino (Italia) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México). Escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional especializado en la prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos organizados. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos internacionales como UN, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional en estos mismos rubros.
Ebuscaglia@savedemocracyal.org
