Una cuestión básica y esencial, que ya nos respondió la realidad reciente, es que ninguna democracia incipiente o desarrollada puede sobrevivir a largo plazo cuando está sujeta a las embestidas de medios de difusión masivos que lucran miles de millones de dólares al año a través de la premeditada desinformación política partidista y a la embestida de empresarios dueños de estos mismos medios de difusión que financian campañas políticas de demagogos que se benefician de la misma. Si a estas dos embestidas se le suma la existencia de una sociedad dividida por una distribución de la riqueza que tiende a evaporar toda perspectiva de progreso para la clase media y que divide a la sociedad entre un 5% de la población que es dueña de más del 80 por ciento de esta y el restante 95 por ciento de la sociedad con una cada vez menos dinámica capacidad de movilidad social, entonces lo único que se puede esperar del sistema político es que degenere en una demagogia de naturaleza autoritaria.
Los trágicos eventos del pasado 6 de enero en los que turbas violentas irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos con el fin de impedir la oficialización de la victoria electoral del hoy presidente Biden y que causaron la muerte de seis personas, son una muestra de cómo estos tres factores perniciosos consiguieron depreciar a las instituciones democráticas y republicanas de ese país. Ese acto de compleja violencia política extrema no solo constituye un acto de insurrección sino también, se podría también tipificar como un acto de terrorismo doméstico incitado desde los reiterados discursos del expresidente Trump. Es así que nos encontramos ante un EE.UU. que por primera vez en su historia no ha logrado una pacífica transferencia del poder político.
Estos trágicos episodios encierran lecciones y llaman a un análisis comparativo con algunos países de Latinoamérica como Brasil, Ecuador, Perú y México, que hoy padecen las tres mismas embestidas con medios de difusión propensos a la desinformación y al servicio de partidos lidereados por demagogos autoritarios, con empresarios lucrando cientos de millones de dólares al año con base en la desinformación que incita a la violencia social y a la vez financiando campañas políticas de estos mismos demagogos, y todo esto enmarcado dentro de una cada vez más preocupante inequitativa distribución de la riqueza, con una población cada vez menos cívicamente educada y cada vez más desesperada ante las consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, la muy incipiente democracia mexicana y bajo el gobierno del presidente López Obrador está derivando en una demagogia autoritaria militarizada con líderes civiles “pantalla” cada vez más débiles y sujetos a una cada vez más fuerte influencia militar -milicia que, por cierto, exigirá mayor poder económico y político como condición para mantener niveles mínimos de orden social ante una delincuencia organizada que se enfrenta al Estado de superior a igual-.
Para poder revertir estos tres factores perniciosos que han causado un terremoto en el sistema democrático de Estados Unidos y que hoy socavan a las incipientes democracias en América Latina, es primero necesario atacar las raíces de la demagogia autoritaria fortaleciendo a las instituciones democráticas a través de una mucha mayor inversión pública en educación cívica y en auditorías ciudadanas del poder público. Debemos recordar que las democracias más desarrolladas del planeta lograron su madurez institucional a través de sistemas tributarios progresivos que masivamente subsidiaban a la educación cívica y a una infraestructura privada de investigación y desarrollo generadora de empleos, junto a vastas inversiones públicas asignadas a la capacitación laboral en mercados tecnológicos de avanzada, tal como inteligencia artificial, generación de energía “verde” e informática quantum.
La época de oro del desarrollo social en las democracias modernas vino también acompañada de marcos regulatorios dedicados a prevenir que los medios de difusión se transformen en plataformas de desinformación que pudiesen servir como plataformas para movimientos políticos o para incitar a la violencia social. Finalmente, los sistemas de financiamiento de campañas políticas son hoy un regalo para la delincuencia organizada de nuestra región y para grupos de interés que han impedido la movilidad social requerida en toda democracia.
Hoy tenemos como gran reto fortalecer las instituciones democráticas para combatir el “canto de la sirena” de la demagogia y sus medios de difusión.
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Académico investigador “Senior” en la Universidad de Columbia, EUA; director del “International Law and Economic Development Center”; presidente del Directorio del “Friends of the Wildlife Justice Commission” (USA); académico “Senior” visitante de la Università degli Studi de Torino (Italia) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México). Escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional especializado en la prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos organizados. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos internacionales como UN, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional en estos mismos rubros.
