Distintos gobiernos han adoptado diferentes medidas para afrontar la pandemia por el Coronavirus: desde la negación del riesgo o la esperanza en la “natural inmunización de rebaño”, hasta confinamientos estrictos. Los resultados han sido en general negativos. Dejaron en evidencia la ausencia de una gobernanza acorde con los desafíos actuales e incrementó los riesgos para la gobernabilidad democrática en la región.
Si bien se reconocen los avances y posibilidades que presentan los rápidos y profundos cambios tecnológicos que ha impulsado esta nueva era, no son menores las INCERTIDUMBRES que dominan el presente. Adicionalmente, el debilitamiento de la cooperación y de los organismos multilaterales y regionales, justamente en el momento de mayor globalización, no solo afecta el nuevo escenario de desafíos entre los Estados sino también frente a los nuevos poderes fácticos globales, tanto los legales de las finanzas o las comunicaciones, como los ilegales del crimen organizado.
Los índices del Estado de derecho en América Latina y el Caribe del “World Justice Project 2020”, distinguen tres grupos de países: a) aquellos con un marco institucional más sólido e incluso con algunas similitudes con países de altos niveles de ingreso; b) otros intermedios con ciertas debilidades en el Estado de derecho, pero con algunas fortalezas en otras áreas; y c) países con muchas debilidades institucionales y pocas e insuficientes fortalezas. En las democracias con más diálogo, pluralismo y capacidad de consensos, las momentáneas y razonables concentraciones del poder en el ámbito Ejecutivo fortaleció y generó nuevas oportunidades y espacios para recuperarse, durante esta pandemia. En otras democracias sin estos atributos o más débiles en su arquitectura y cultura institucional, la necesidad de concentrar decisiones llevó a debilitar los balances de poder, retroceder en transparencia y en la eficiencia en el gasto público, en una mayor polarización política y en un evidente debilitamiento democrático.
En el 2021/22 la democracia continuará en riesgo, aunque también se presenta la oportunidad para repensar nuestro modelo de desarrollo, construir un nuevo contrato social y avanzar hacia una, más inclusiva y de mejor calidad.
Como indica Thomas Friedman estamos viviendo y seguiremos viviendo un tiempo de “Aceleración Tecnológica Exponencial”. Estos profundos y rápidos cambios están transformando las relaciones humanas y las sociedades. Como producto de todos estos rápidos y profundos cambios están surgiendo nuevos ciudadanos y nuevas ciudadanías. Los Sistemas de Representación y Participación Política deben adaptarse a los mismos, sin abandonar los avances en los DDHH que nuestra civilización y cultura democrática han venido construyendo.
La Pandemia del Covid-19, aunque era científicamente previsible, tomó de sorpresa a los distintos liderazgos e instituciones. Su confluencia con los problemas preexistentes generó una tormenta perfecta que dejo al desnudo las debilidades de esta etapa del actual modelo capitalista y sus democracias representativas. América Latina que ya era la más inequitativa del mundo, aunque no la más pobre, sufre el mayor impacto negativo. Sus democracias resisten, pero están en riesgo. No hay tiempo que perder ni esfuerzos que retacear para defenderlas y renovarlas.
Es necesario desarrollar una intensa pedagogía sobre las ventajas de enfrentar los nuevos desafíos del Siglo XXI y los aún pendientes del siglo XX, a través de sistemas políticos que asuman plenamente la perspectiva de Democracia Plena que, si bien basan su legitimidad en procesos electorales libres, equitativos y trasparentes, tienen como objetivo irrenunciable el de desarrollar una participación ciudadana integral.
Los cambios tecnológicos del Siglo XXI y una nueva ciudadanía exigen la renovación o creación de nuevas instituciones que permitan contener y desarrollar estas nuevas demandas, desafíos y riesgos. Es imperativo demostrar que las sociedades organizadas de manera más abierta, libre, interactiva, creativa y solidaria tienen más capacidad de resolver los desafíos recurrentes de libertad, justicia, desarrollo equitativo y paz, que los poderes concentrados y autoritarios. Una fortaleza de la democracia es su potencialidad para corregir el rumbo.
Productividad, inclusión y seguridad pueden tener sinergia y sostenerse en el tiempo si se basan en acuerdos políticos y sociales sólidos. He aquí una de las misiones de la política democrática en este tiempo.
Es clave fortalecer el rol de las nuevas tecnologías para incrementar la empatía social y la deliberación ciudadana. Lo digital empodera más a sectores y ciudadanos, pero también genera pérdida de confianza en nuestras democracias.
En esta Década marcada por un Bilateralismo Conflictivo no Hegemónico, es necesario que le región no se deje arrastrar por las tensiones ni las incremente. Sus necesidades e intereses nacionales y regionales encontrarán su mejor clima en un Sistema Multilateral creciente, renovado y justo.
La democracia tiene como misión y promesa ampliar gradualmente los espacios de ejercicio de derechos y de responsabilidades ciudadanas. Debe ser entendida como una construcción permanente, y el debate sobre si ella se acerca o se aleja de lo realizable debería nutrir la discusión y búsqueda de consensos.
Presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Fue Embajador de Argentina en los Estados Unidos de América; Senador y Diputado; Gobernador de la Provinicia de Mendoza; Director del Centro de Asuntos Globales de la Universidad Nacional de Cuyo; profesor visitante en la Universidad de Georgetown y en numerosas otras universidades en Argentina, América Latina, EUA, Europa y Asia.
