Indicadores internacionales comparados, como el producido por Freedom House[1], indican que un número creciente de países alrededor del mundo con instituciones democráticas, maduras o incipientes, están padeciendo significativos deterioros en su funcionamiento debido a las embestidas de movimientos políticos demagógicos y autoritarios. Las causas vinculadas a este retroceso democrático y las causas del surgimiento de autocracias poseen un común denominador: la desilusión social y el rechazo social hacia las instituciones de las democracias que son frecuentemente percibidas como capturadas por grupos de poder que a través del tráfico de influencias políticas han alcanzado un nivel tan alto de concentración de poder económico que hasta logran “comprar” sistemas políticos. Es decir, la degeneración de deseables capitalismos de mercados competitivos en indeseables capitalismos plutocráticos de amigos del poder político, han causado la captura de las instituciones del Estado para el beneficio de una minoría privilegiada en detrimento del resto de la población. O sea, la concentración del poder económico sin marcos regulatorios limitantes ha llevado a la concentración antidemocrática del poder político.
En este deteriorado marco político, el disgusto social ha llevado a que amplios sectores de poblaciones en diferentes países hayan sido seducidos por promesas fantasiosas adornadas con supuestas luchas de clases y por resentimientos sociales de políticos demagógicos y autoritarios que han minado la credibilidad de la población en las instituciones democráticas imperantes.
En América este deterioro social y político se observa en países con las más diversas tradiciones históricas y socio-jurídicas, desde Chile con su actual inestabilidad socio-política, hasta Estados Unidos con el pasado régimen de Trump.
En este contexto caracterizado por la necesidad de reparar urgentemente el deterioro institucional antes mencionado, la Cumbre por la Democracia realizada en diciembre de 2021 con la participación de varios Estados, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas provenientes de más de 100 países, representa una valiosa iniciativa del gobierno del presidente Joe Biden para intentar retomar el liderazgo internacional perdido durante la administración Trump y, al mismo tiempo, acordar una agenda democrática global que contrarreste las presentes amenazas expansivas de autocracias como la de China o Rusia.
La primera Cumbre se concentró en tres grandes áreas temáticas interrelacionadas: delinear una estrategia conjunta de defensa de las democracias contra los sistemas autoritarios; establecer un combate coordinado contra la corrupción; y fortalecer el ejercicio práctico de los derechos humanos. Con esta visión se conformaron grupos de trabajo en cada una de estas áreas que, durante una 2a Cumbre a realizarse a finales de este año, presentarán propuestas para defender a las instituciones democráticas bajo una mayor coordinación y cooperación internacional.
Debemos partir de la premisa de que el fortalecimiento de alianzas internacionales estables entre democracias incipientes y democracias maduras debe probar con hechos que la democracia es un sistema político más igualitario, con mayor calidad de gobernabilidad, con mayor bienestar socio-económico equitativo y con mayor seguridad humana, en comparación a sistemas políticos autocráticos. Esta es una condición fundamental para frenar la expansión de las autocracias.
El hecho de que el presidente Biden haya reconocido los déficits democráticos en su propio país y haya llamado a un acuerdo colectivo entre democracias, es un valor significativo en sí mismo. Pero la tarea esencial, a partir de ahora, no se podrá limitar a diagnosticar el origen de la desilusión social y su consecuente caída en regímenes autocráticos demagógicos. Es también necesario que las democracias bajo acecho propongan e implementen medidas institucionales que eviten la captura de sus instituciones por parte de redes de concentración de poder económico lícitas o ilícitas que, a través del financiamiento ilegal de campañas se apoderan de la agenda pública de los Estados. Es por ello, que la propuesta paralela de la Administración Biden sobre una nueva Estrategia de Combate a la Corrupción constituye una herramienta esencial para revertir este deterioro crónico. Los cinco pilares de esta estrategia anticorrupción[2] apuntan a expandir la coordinación y cooperación internacional para combatir la corrupción pública y privada que ha causado gran parte del cáncer que ha transformado democracias funcionales en plutocracias, tal como es el caso de EEUU, o en autoritarismos demagógicos como el salvadoreño o el húngaro.
La primera Cumbre por la Democracia llamó a lideres políticos de cada país a proponer un programa de medidas específicas que van desde el establecimiento de marcos regulatorios para impedir que dineros sucios y limpios fluyan hacia la compra de políticos y de políticas públicas, así como también acciones regulatorias para que cada país asegure el acceso práctico de sus poblaciones a 54 bienes públicos tipificados como derechos humanos, que hoy se ven limitados debido a la corrupción pública y privada descontrolada en la mayoría de los países latinoamericanos. En este sentido, el fortalecimiento y expansión del derecho político electoral será un pilar de las acciones legales hacia futuro, especialmente en Estados Unidos en donde 18 estados en manos de gobiernos del Partido Republicano han ya aprobado leyes para restringir el voto popular a través de limitaciones de horarios y espacios físicos para ejercer el sufragio.
Ante la actual encrucijada que enfrentan nuestras democracias y ante la posible debilidad político-electoral de la administración Biden-Harris hacia el 2024, urge la implementación de medidas institucionales para erradicar las causas de la actual crisis democrática a través de un liderazgo compartido en el marco de las alianzas internacionales surgidas a partir de esta 1a Cumbre por la Democracia.
[1] https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege
[2] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/12/United-States-Strategy-on-Countering-Corruption.pdf
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Académico investigador “Senior” en la Universidad de Columbia, EUA; director del “International Law and Economic Development Center”; presidente del Directorio del “Friends of the Wildlife Justice Commission” (USA); académico “Senior” visitante de la Università degli Studi de Torino (Italia) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México). Escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional especializado en la prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos organizados. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos internacionales como UN, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional en estos mismos rubros.
