La democracia argentina, pese a circunstancias preocupantes, no ha sido impugnada en el 2022 y se encamina a cumplir cuatro décadas de vigencia. Sin embargo, goza de una calidad precaria y enfrenta la necesidad urgente de consolidar condiciones para un mejor bienestar democrático. Es de esperar que las elecciones en el 2023 interrumpan un ciclo de degradación democrática dado, entre otros factores, por la irresponsabilidad de la coalición gobernante de corroer la investidura presidencial y las instituciones. El presidente no necesita de la oposición en el Parlamento o en la vida pública para potenciar su anemia política como jefe de Estado.
Desde 1983 no se ha visto un grado comparable de debilitamiento de la figura y la autoridad presidencial. Un problema que nace con la misma fórmula presidencial donde el poder real pertenece a la vicepresidente y no al titular del Poder Ejecutivo. Una anomalía que ha ensombrecido todo el ciclo de gobierno de Alberto Fernández, y que se ha agudizado seriamente en el 2022, en momentos en que la sociedad argentina sufre un aumento de la pobreza, el deterioro del poder adquisitivo y el estancamiento de la economía con una inflación anual que oscila en el 100%.
Al mismo tiempo, en un clima de grave polarización política, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner ha arremetido contra el equilibrio y la división de poderes consagrados en la Constitución Nacional. La forma y las expresiones con las que ha denostado al Poder Judicial, en virtud de las diversas causas de corrupción que enfrenta, muestran señales autoritarias al promover un cambio en la ingeniería institucional del país y al destacar que la división de poderes quedó caduca ante los desafíos de la modernidad. Con este enfoque contrario a la Carta Magna, ha intentado que la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia sea un medio instrumental para cooptar al Poder Judicial, reducir su independencia en el carácter de contralor y administrador de justicia que le otorga la Constitución.
Este cuadro de situación pone en evidencia un gobierno dominado por la centralidad de la vicepresidente y con poca vocación democrática. Las reglas que no convienen molestan como también la libertad de expresión que le sea critica. Esa visión disruptiva no contribuye a la convivencia política, a la estabilidad democrática ni a la fortaleza de las instituciones. Los elogios públicos al capitalismo chino de la señora Kirchner permiten presumir las preferencias autoritarias que persigue al proponer cambios en el funcionamiento de ciertas instituciones, en particular la justicia.
Las amenazas contra las instituciones, el Estado de derecho y la división de poderes forman parte de una estrategia que tiende a debilitar la democracia argentina. Que la vicepresidente haya comparado al Poder Judicial con el abuso que ejercían las fuerzas armadas con anterioridad a 1983, es intolerable. Es lamentable que el presidente Fernández no haya salido a defender la independencia judicial y la división de poderes que son uno de los pilares del sistema republicano argentino. Sería deseable que el presidente corrija actitudes que no condicen con la vocación democrática y se comprometa para que en la Argentina prevalezca la paz y el orden político y social conforme a la Constitución.
Diplomático de carrera, embajador extraordinario y plenipotenciario y ex vicecanciller argentino. Fue asistente especial del secretario general de la ONU e integrante del foro asesor del secretario general de la ONU en desarme durante la administración de Kofi Annan. Colabora para diversos medios de comunicación como Clarin e Infobae.
