Creo que quienes me precedieron ya han abordado ampliamente lo que también hacemos desde el IPYS (Instituto Prensa y Sociedad) en América Latina, así como los mecanismos de protección y la genuina preocupación por lo que está ocurriendo actualmente en la región donde trabajamos.
Quisiera retomar lo mencionado al inicio sobre el deterioro de la institucionalidad en América Latina y, en particular, referirme al caso de Perú. Como es sabido, el país se encuentra inmerso en un proceso electoral que, aunque mantiene una apariencia democrática, en la práctica refleja la captura de las instituciones públicas por un pacto corrupto que gobierna desde el Parlamento. Durante la última década, el marco legislativo ha sido moldeado de tal forma que hoy existe una concentración casi absoluta del poder político.
“La democracia sobrevive en la forma, pero ha sido vaciada en el fondo.”
EL COLAPSO DE LOS REFERENTES INSTITUCIONALES
Menciono esto porque, durante años, instituciones como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública de México fueron referentes regionales en materia de transparencia. Para muchos países latinoamericanos —y particularmente para Perú—, representaban avances sustantivos en el acceso a la información y en la consolidación de una cultura democrática.
Sin embargo, estas referencias se han debilitado profundamente. Al igual que muchas otras instituciones en la región, han sido erosionadas por la corrupción, el crimen organizado y el deterioro progresivo de la democracia.
RADIOGRAFÍA REGIONAL: UNA CRISIS EN EXPANSIÓN
Desde el monitoreo que realizamos en la red Voces del Sur —que analiza 17 países a partir de 14 indicadores vinculados al ODS 16.10—, hemos observado durante ocho años una tendencia alarmante: países que antes no representaban altos niveles de riesgo para el ejercicio del periodismo han experimentado un deterioro acelerado.
Un caso emblemático es Ecuador, donde al menos 16 periodistas se encuentran actualmente en el exilio debido a amenazas del crimen organizado. Situaciones similares se registran en Perú, Bolivia y Argentina, donde periodistas han tenido que abandonar sus países ante riesgos inminentes.
CRIMEN ORGANIZADO Y CAPTURA DEL ESTADO
Este fenómeno está estrechamente vinculado a la infiltración del crimen organizado en la política y en las instituciones públicas: alcaldías, gobiernos regionales y campañas electorales.
No se trata únicamente del narcotráfico. Hoy, economías ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de oro, la tala ilegal, la trata de personas y el tráfico de fauna silvestre que generan recursos suficientes para financiar estructuras políticas enteras.
En el caso peruano, el Congreso refleja esta dinámica. Se trata de un Parlamento atravesado por intereses económicos ilícitos, que legisla en beneficio de redes vinculadas a universidades fraudulentas, transporte informal y actividades criminales diversas, incluyendo el tráfico de drogas, personas, minerales y especies.
Lo más preocupante es que esta nueva forma de ejercer el poder ya no busca ocultar estos vínculos. Todas estas mafias tienen presencia en el Congreso. Y esto no solo se conoce gracias al trabajo de la prensa, sino también porque existe una nueva forma de ejercer el poder que ya no siente la necesidad de ocultar este tipo de vínculos.
“La corrupción ya no se esconde: se institucionaliza.”
PRECARIEDAD, VIOLENCIA Y VULNERABILIDAD
En este contexto —agravado por la crisis estructural de los medios y la precariedad laboral del periodismo—, los riesgos para los periodistas aumentan significativamente, especialmente en zonas alejadas, regiones fronterizas o territorios con fuerte presencia del crimen organizado.
Frente a esta situación, desde el IPYS se ha desarrollado un programa de protección inmediata que incluye una casa de refugio en Lima, a la que periodistas de América Latina pueden acceder como parte de un mecanismo temporal de protección.
Aunque el Estado peruano no ofrece garantías plenas de seguridad, este mecanismo puede marcar la diferencia en situaciones críticas. El año pasado se atendieron casos de periodistas provenientes de Ecuador, Colombia, México, Cuba, Venezuela y del interior del Perú; en el presente año ya se han registrado al menos dos casos que han requerido intervención urgente.
Asimismo, se trabaja en coordinación con organizaciones internacionales como CPJ, Reporteros Sin Fronteras y Free Press Unlimited, conformando una red de apoyo que permite activar mecanismos de protección a nivel global.
LA FICCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN
En países como Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia y Paraguay existen mecanismos de protección para defensores de derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, carecen de financiamiento y voluntad política, lo que los convierte en instrumentos simbólicos, incapaces de operar efectivamente. Sin una convicción y participación real del Estado, estos mecanismos no funcionan. Y quedan vacíos.
Un caso reciente en la región Madre de Dios ilustra esta situación: un periodista amenazado por investigar explotación mina ilegal no pudo ser protegido por el mecanismo gubernamental, cuyos propios representantes admitieron no tener recursos ni capacidad de atención.
La respuesta institucional fue tan contundente como alarmante: “La vida del periodista está en manos de ustedes”, en este caso, de quienes acompañamos el caso: IPYS y Susana Laine, colega de la Asociación Nacional de Periodistas.
VIOLENCIA LETAL E IMPUNIDAD
Lo que estamos viendo —no solo en Perú, sino en gran parte de América Latina— es que el Estado no está asumiendo su responsabilidad frente a los ataques contra periodistas. En Perú, el último año cerró con cuatro periodistas asesinados bajo un mismo patrón: sicarios en motocicleta actuando a plena luz del día cuando las víctimas se dirigían a trabajar; sin avances en las investigaciones que contribuye con los altos niveles de impunidad
La situación se agrava aún más cuando actores políticos son vinculados directamente con estos hechos. En un caso reciente, la persona que encabeza la lista al Senado por el partido de Keiko Fujimori ha sido señalada como presunto autor intelectual de un asesinato de Gastón Medina, ocurrido en enero pasado, y el testigo que lo identificó fue posteriormente asesinado.
“La impunidad no solo protege al crimen: lo legitima.”
NUEVAS FORMAS DE PERSECUCIÓN: DEL ACOSO JUDICIAL A LA VIOLENCIA DIGITAL
Estamos, por tanto, frente a un escenario extremadamente crítico. En todos los años que llevo trabajando como periodista, activista y defensora de la libertad de expresión y los derechos humanos, pocas veces he visto una situación tan compleja y peligrosa.
Nos enfrentamos a una realidad que nos rebasa, y este diagnóstico es también compartido por colegas de diversas organizaciones similares a la nuestra a nivel global.
En cuanto a las cifras que hemos presentado en el Informe Sombra del año pasado —correspondiente a 2024— y en el más reciente informe de 2025 de Voces del Sur, publicado en marzo, hemos observado un incremento preocupante de la violencia letal, es decir, que ha derivado en asesinatos de periodistas.
Las cifras confirman esta tendencia de alta descomposición institucional y de real peligro para ejercer el periodismo:
- Incremento alarmante de la violencia letal, es decir, que ha derivado en asesinatos de periodistas en toda la región, particularmente en México, Honduras, Colombia y ahora en países como Ecuador y Perú.
- El Estado continúa siendo el principal agresor, a través de funcionarios públicos que actúan de manera sistemática contra la prensa. Esto se observa en distintos contextos y con diversos liderazgos políticos; no se trata de una cuestión ideológica, sino de un estilo de gobernar. En ese sentido, lo que vemos, es una especie de transformación de los regímenes que, aunque formalmente siguen siendo democracias, en la práctica cada vez se alejan más de los principios democráticos.
- Incremento del acoso judicial, incluyendo acusaciones cada vez más graves. Ya no se trata únicamente de querellas o demandas contra periodistas por difamación o calumnia, sino que en varios países de América Latina estamos viendo un fenómeno más grave: la utilización de delitos como lavado de dinero, traición a la patria o incluso apología del terrorismo para perseguir y silenciar a periodistas. Esto representa un cambio significativo, ya que se trata de acusaciones mucho más severas y que, en consecuencia, obliga al periodista a contar con defensa legal altamente especializada.
- Hemos observado —y esto lo hemos incorporado en el monitoreo de Voces del Sur desde hace aproximadamente tres años en 17 países— la presencia de lo que denominamos violencia diferenciada, es decir, violencia de género dirigida especialmente contra periodistas mujeres en entornos digitales. Esta se manifiesta en gran medida a través de bots y de los llamados “mercenarios digitales”, y suele centrarse en ataques al cuerpo, la apariencia física o en estigmatizaciones relacionadas con roles personales, como “mala madre” o “mala hija”.
En Perú, por ejemplo, elaboramos un manual que recoge testimonios de 14 periodistas mujeres que relatan las agresiones que han sufrido. Los testimonios son realmente muy fuertes y evidencian un fenómeno que, además, se encuentra peligrosamente normalizado.
AUTOCENSURA Y DETERIORO DEMOCRÁTICO
Otro fenómeno preocupante es el aumento de la autocensura, especialmente en contextos de alto riesgo, como regiones fronterizas o territorios con presencia de economías ilícitas—, que no siempre logran identificar las amenazas y son asesinados en los casos más graves, y otros que ante la inminencia de los ataques y la absoluta indefensión por parte del Estado, optan por reducir o abandonar sus trabajos de investigación.
Esto tiene consecuencias directas sobre la calidad de la democracia, particularmente en contextos electorales donde el trabajo periodístico y la difusión de información certera y probada es fundamental.
En el caso peruano, se estima que una proporción significativa del financiamiento político proviene de fuentes ilegales, lo que agrava aún más el problema. Esto representa un problema de enorme gravedad que debe ser observado con atención y analizado en profundidad.
EL DISCURSO COMO ARMA: ESTIGMATIZACIÓN Y VIOLENCIA
El discurso estigmatizante por parte de actores políticos se ha convertido en una herramienta sistemática. A través de declaraciones públicas y campañas digitales difamatorias y descalificadoras, se promueve la deslegitimación de la prensa.
Este fenómeno ya no solo proviene de redes organizadas de “mercenarios digitales”, sino también de liderazgos políticos que atacan directa y públicamente a periodistas.
Actualmente, por ejemplo, tenemos a un candidato presidencial en el Perú que anteriormente fue alcalde de Lima, y que —como suelo decir— representa una versión incluso más extrema de este tipo de liderazgo. En plena campaña, declaró públicamente que había que “cargarse” a Gustavo Gorriti, un periodista peruano ampliamente reconocido. Es decir, hizo un llamado explícito a la violencia contra él.
Otro caso similar es el de Argentina en donde el discurso de Javier Milei ha incluido expresiones reiteradas de hostilidad hacia la prensa.
El impacto de este tipo de mensajes es profundo: no solo incrementa el riesgo para los periodistas, sino que erosiona el respaldo ciudadano, debilitando uno de los pilares fundamentales de la democracia.
LA BATALLA POR LA CIUDADANÍA
“Si se pierde el respaldo de la ciudadanía, se pierde la batalla”.
Cuando ese discurso cala en la sociedad y los periodistas dejan de contar con el respaldo ciudadano, la situación se vuelve aún más riesgosa y vulnerable.
La erosión de la confianza en el periodismo obliga a una autocrítica profunda para reconectar con la sociedad, reconstruir la legitimidad y recuperar el papel de la prensa como aliada de la ciudadanía, especialmente en un contexto de polarización, crisis de financiamiento y desgaste los medios de comunicación tradicionales y la irrupción de las redes sociales y la Inteligencia Artificial.
CONCLUSIÓN: RECONSTRUIR EL VÍNCULO DEMOCRÁTICO
En contextos altamente polarizados, la defensa de los derechos humanos —incluyendo la libertad de prensa y expresión— se vuelve cada vez más compleja.
Hoy en día parece que creer en los derechos humanos se ha convertido en una opción, casi como si fuera una cuestión de fe o de ideología, cuando en realidad es un principio fundamental de coherencia democrática.
Recientemente, en una conversación cotidiana —con un taxista— surgía esta percepción: al hablar de una candidata, la valoración era que “está bien, pero habla demasiado de derechos humanos, se excede”. Esto refleja algo que ha calado profundamente en la ciudadanía y que resulta muy preocupante. Nos obliga a preguntarnos cómo volver a incidir y reconectar con la sociedad para recuperar la centralidad de estos valores, incluyendo el concepto de democracia misma.
La ciudadanía necesita una prensa libre, no como un privilegio de los periodistas, sino como un derecho propio y un pilar esencial del sistema democrático.
No existe una fórmula única. Pero sí una certeza: es necesario abrir más espacios de reflexión, articulación y acción colectiva como éste para defender los derechos humanos de manera efectiva y sostenida.
Periodista peruana, directora del área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.
Es la encargada del programa de protección y seguridad de periodistas para América Latina. Hace parte del equipo que organiza la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, COLPIN, el encuentro más importante de la materia en la región.
Es colaboradora para temas de criminalidad organizada de la agencia Insight Crime.
