El fortalecimiento de la calidad democrática en América Latina y el Caribe sigue siendo un tema que merece particular atención. Tras casi cuatro décadas de democratización o redemocratización regional, el período más largo y extenso (según el país) de toda la historia latinoamericana, la región enfrenta un deterioro democrático marcado por déficits en materia de defensa de derechos fundamentales y síntomas de fragilidad institucional por el desajuste entre la política y la sociedad o la carencia de reglas de buena política, que pueden atentar directamente contra la preservación de la democracia representativa y la integridad electoral. Lo que pone en evidencia que impulsar una democracia de calidad está íntimamente relacionada con el ejercicio de buena gobernanza.
Diversas observaciones del estado de la democracia en la región muestran en general índices preocupantes de valoración de la democracia como sistema de buen gobierno. Por un lado, la confianza de la ciudadanía latinoamericana en las instituciones democráticas ha ido disminuyendo de manera sensible en la última década. Por otro, el grado de vulnerabilidad de las instituciones democráticas en los 32 países de la región transmite señales, económicas y sociales, de poca certidumbre que acentúan la debilidad gubernamental. La amplia mayoría no ha logrado aún que la democracia sea vista por la población como un modelo de gobierno capaz de asegurar un horizonte de confianza y seguridad ciudadana.
El año 2021 ha sido un año crítico y la fragilidad de los Estados ha ido en aumento. En este contexto, han crecido los riesgos de desviaciones democráticas e incluso de democratización como consecuencias de la pandemia, y de los niveles abrumadores de pobreza y lenta recuperación económica.
El híper presidencialismo, ha sido un factor que ha influenciado en la disminución de la calidad democrática y, en muchos casos, ha comprometido a otros poderes del Estado, en particular la tendencia de disminuir o controlar la independencia del Poder Judicial. Estas acciones representan un peligro para la democracia y han generado, entre otras cuestiones, crisis de representatividad, disminución de acceso a la información pública, vaciamiento de mecanismos de rendición de cuentas y la adopción de medidas que no siempre siguen cánones constitucionales o democráticos.
América Latina y el Caribe deberían tomar nota que la mejor receta frente a la amenaza de alteraciones generadas por el exceso de presidencialismo, el avance del populismo y de fuerzas extremistas o tendencias de perpetuación en el poder, es con más democracia. Si bien los calendarios electorales han sido en general respetados en casi toda la región, no parece ser suficiente. Es indispensable asegurar los principios del sufragio universal dado por el pluralismo, la igualdad política y procesos electorales transparentes e imparciales. La integridad de las elecciones, no solo contribuyen a mejorar la gobernabilidad, sino que suele ser un factor que fortalece la institucionalidad democrática y fomenta la confianza de los ciudadanos.
Latinoamérica necesita concentrar esfuerzos colectivos a favor de la buena política y la calidad democrática. La sustentabilidad de la democracia necesita fomentar el mayor consenso básico de políticas de Estado (sean en cuestiones políticas, económicas y sociales), para asegurar legitimidad de origen y ejercicio. Generar y alentar liderazgos democráticos es central para mejorar la democracia y estándares mínimos de calidad de vida de los ciudadanos en libertad e igualdad civil dentro de las reglas del Estado de derecho.
El debate sobre el fortalecimiento y la calidad democrática en América Latina y el Caribe es un desafío múltiple. Es un trabajo constante sobre la democracia real y formal y, en algunos casos, entre democracia y autoritarismo. Pero, principalmente es también sobre las formas en que la buena política sea capaz de generar cohesión social y bienestar a los ciudadanos.
Diplomático de carrera, embajador extraordinario y plenipotenciario y ex vicecanciller argentino. Fue asistente especial del secretario general de la ONU e integrante del foro asesor del secretario general de la ONU en desarme durante la administración de Kofi Annan. Colabora para diversos medios de comunicación como Clarin e Infobae.
