En el libro de Reid Wilson titulado “Epidemic: Ebola and the Global Scramble to Prevent the Next Killer Outbreak”, claramente se describe la reacción institucional deficitaria de los Estados y de las sociedades civiles ante la destrucción masiva causada por las pandemias pasadas. Desde un punto de vista analítico, es obvio que las pandemias cercenan el acceso de las poblaciones mundiales a bienes y servicios básicos. El derecho a la salud o a la educación son solo 2 de los 58 ya definidos como derechos humanos en 14 convenciones de las Naciones Unidas ya firmadas y ratificadas por casi todos los países del planeta.
Específicamente el COVID-19 ha limitado el acceso de las poblaciones a estos 58 bienes y servicios (o 58 derechos humanos) que, por definición, son necesarios para el progreso y la supervivencia de la humanidad. El impacto sobre el ejercicio de derechos humanos ha sido, hasta ahora, de la misma naturaleza que el ocasionado por la pasada epidemia del Ébola en las regiones afectadas de África. Es decir, un colapso en la atención a la salud, vivienda, educación y trabajo. Ante ello, Estados y sociedades han reaccionado de diferente manera.
En países con sistemas políticos ya autoritarios como Corea del Norte, Rusia o Venezuela, se ha podido observar que la reacción de sus gobiernos ante la pandemia, han tendido a consolidar y a expandir a estas autocracias a través de un mayor y más frecuente ataque a los derechos civiles y políticos de sus respectivas poblaciones. Mientras tanto, en países con democracias maduras como Canadá, Estados Unidos, Italia o Japón ha llevado a la población a poner en duda la calidad de instituciones públicas ya existentes y ha catalizado propuestas de “rejuvenecimiento” de la democracia con Estado de Derecho, propuestas que serán evaluadas durante una próxima gran Cumbre de Democracias que será convocada pronto por la administración del presidente Biden.
En lo que se refiere a democracias incipientes con instituciones políticas, económicas y sociales débiles como las de Argentina, Indonesia, México, Polonia o Sudáfrica, las reacciones de sus sociedades determinarán si dan marcha atrás hacia demagogias autoritarias o si lograran fortalecer el rumbo democrático que iniciaron hacia fines del siglo pasado. Las reacciones hasta ahora no han sido muy prometedoras. Ante la emergencia COVID, poderes Ejecutivos de países como Argentina, Indonesia, Sudáfrica y Polonia, desde marzo del año pasado, han venido imponiendo medidas restrictivas extremas a las libertades civiles y políticas con la consecuente concentración de poder, la instauración de medidas poco democráticas a través de decretos de necesidad y urgencia limitando el rol monitor de pesos y contrapesos de sus poderes Legislativos. Al mismo tiempo, recursos presupuestarios escasos se han reasignado sin vigilancia auditora al servicio de las élites cercanas a los gobiernos mientras que se han aprobado medidas autoritarias contra la libertad de prensa. Las reacciones de las sociedades, ante este más restrictivo ejercicio de derechos humanos catalizado por la pandemia COVID-19 y la coordinación internacional de las democracias maduras, determinarán si el rumbo futuro de las democracias incipientes, conducirán hacia sistemas políticos demagógicos autoritarios o hacia una consolidación internacional de la democracia con Estado de derecho.
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Académico investigador “Senior” en la Universidad de Columbia, EUA; director del “International Law and Economic Development Center”; presidente del Directorio del “Friends of the Wildlife Justice Commission” (USA); académico “Senior” visitante de la Università degli Studi de Torino (Italia) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México). Escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional especializado en la prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos organizados. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos internacionales como UN, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional en estos mismos rubros.
