El 2 de junio de 2024 se realizará en México la elección más grande de su historia, tanto por el número de ciudadanos con derecho a votar (cercano a los 95 millones), como por el número de cargos de elección popular en disputa (Presidencia de la República, Diputados Federales, Senadores, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 8 gubernaturas, diputados locales en 31 entidades federativas, ayuntamientos en 29 estados, alcaldías y concejales en la CDMX y otros servidores públicos de menor jerarquía en Campeche y Tlaxcala). Considerando las fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, habrá 40 mil registrados por cada partido o coalición (al haber 1 partido y 2 coaliciones, se está hablando de un total de 120 mil candidaturas).
No obstante que en términos legales el proceso electoral dio inicio la primera semana de septiembre del presente año 2023, desde el 2022 el tema ha estado en el centro de la atención de la opinión pública nacional y las acciones de los actores políticos.
En primer término, son de referirse las iniciativas de reformas constitucionales (2022) y de reformas legales (2022-2023) precisamente en materia política electoral, promovidas por el presidente de la República (denominadas popularmente Plan A y Plan B, respectivamente). Con ellas se pretendió una grave regresión en la materia respecto a la representación nacional, las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, así como a otros temas relacionados (comunicación social, responsabilidades de los servidores públicos y régimen de partidos políticos). Afortunadamente ninguna de las iniciativas prosperaron: las constitucionales por no reunir la mayoría calificada de los votos requeridos para su aprobación en la Cámara de Diputados Federales; y las legales, a pesar de haber sido promulgadas y entrado en vigor, fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desahogar acciones de inconstitucionalidad que pusieron de manifiesto violaciones flagrantes a los procedimientos parlamentarios en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
En segundo lugar, debe mencionarse la violación de los tiempos legales, debido a que los dos bloques partidistas conformados, el oficialista (Morena, PVEM y PT) y el opositor (PRI-PAN-PRD), iniciaron actividades para seleccionar de hecho a sus candidatos a la Presidencia de la República, aunque encubrieron su cometido real en supuestas tareas con fines no electorales para seleccionar Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la 4T el primero, y Coordinador del Frente Amplio por México el segundo. El proceso lo inició el bloque oficialista y lo siguió el bloque opositor. Tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el ámbito de sus respectivas competencias, convalidaron ambas simulaciones, por las que de hecho hubo candidatos presidenciales días antes de que se iniciara legalmente el proceso electoral.
En tercer lugar, es necesario tener presente que el TEPJF está funcionando con 5 de los 7 magistrados integrantes de su Sala Superior, porque el Senado no ha designado a los sucesores de los dos magistrados que concluyeron sus períodos como tales en octubre pasado. Por si fuera poco, hace unos días 3 de los 5 magistrados que están en funciones, exigieron la renuncia del actual presidente del Tribunal, la cual quedó pactada para hacerse efectiva el 31 del actual diciembre. Por su parte, el INE se ha dividido en 2 bandos de consejeros, y derivado de ello, no han designado secretario ejecutivo y a los titulares de otras áreas administrativas relevantes, por las que se viene trabajando con encargados del despacho. En ambas instancias de autoridad se ha venido tomando acuerdos y resoluciones sumamente controvertidas, como lo que ocurrió en materia de equidad de género en las candidaturas para titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas.
Por último, es de destacarse un contexto político general sumamente polarizado, al que contribuye especialmente la injerencia indebida y frecuente del presidente de la República en el proceso electoral, que hace prevalecer su condición de líder partidista por encima de la de jefe de Estado y de gobierno imparcial. También son graves las intervenciones de la delincuencia organizada en los territorios que controla.
Una gran vigilancia ciudadana, partidista y de organización de la sociedad civil, así como de observadores nacionales y extranjeros, deben reducir los riesgos de un proceso electoral sumamente complejo, a fin de que se garantice plenamente la integridad de los comicios del próximo año.
Académico y Consultor de las Naciones Unidas en materia electoral para América Latina y el Caribe. Gobernador de Tabasco (México) 2013-2018.
