Muy pocas repercusiones tuvo la reciente decisión de la presidente de Perú, Dina Boluarte de desistir a adelantar las elecciones presidenciales, como demandaban amplios sectores de la sociedad tras la remoción en diciembre del año pasado de Pedro Castillo, acusado de perpetrar un golpe de Estado y además investigado por graves hechos de corrupción.
La mandataria se limitó a decir que daba por cerrado el tema del adelanto del cronograma electoral como salida a la crisis política que detonó Castillo. Boluarte, al igual que otros espacios políticos, presentaron cinco proyectos de ley para adelantar las elecciones. Ninguno de ellos se aprobó. La izquierda que apoyaba a Castillo ponía como condición convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna. Los sectores de centro y de derecha se oponían a esa alternativa. Así las cosas, la presidente, repudiada por su propio sector político por no haber renunciado y desdeñada por la derecha que desconfía de ella, no pudo lograr articular un acuerdo. Además, varios analistas coinciden en que hay un grupo transversal de congresistas peruanos que, por conveniencia personal, se resisten a abandonar sus escaños.
¿Cómo podrá navegar Boluarte en el poder tres años más sin apoyo parlamentario? Con mucho cuidado, con astucia y sin pasar a llevar los intereses del Congreso, donde no tiene representación alguna. Debe ser sumamente cauta, porque en marzo fue incluida por la Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activo en una investigación por supuesto “financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal”.
La campaña de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que postulaba por el partido marxista-leninista Perú Libre, fue, en parte, financiada por un empresario amigo de Castillo. Se trata de Henry Shimabukuro, quien está siendo investigado por los mismos cargos que la jefa de Estado y además por supuestamente haber fungido como asesor en las sombras de Castillo. Sus aportes de campaña, que él mismo ha reconocido, inexplicablemente no habrían sido declarados a la ONPE, la Oficina de Procesos Electorales.
Por lo tanto, la justicia peruana se pregunta si Boluarte, en su calidad de compañera de fórmula de Castillo, estaba al tanto de estos hechos. De allí su vulnerabilidad política en caso de que surjan otras evidencias que la incriminen. La mandataria le ha dado la bienvenida a la investigación y rechaza categóricamente las implicaciones. Dijo que jamás recibió un solo sol para su campaña. Pero en los últimos días, el programa periodístico Cuarto Poder asegura que el equipo de choferes de campaña de la actual presidenta recibió la orden de abastecerse gratuitamente de combustible de una empresa del Grupo Picor.
Además, la presidenta debe responder por los 47 muertos producto de los enfrentamientos entre los manifestantes que pedían su renuncia y las fuerzas de orden tras la salida de Castillo. Ella niega tener responsabilidad alguna en estos hechos.
¿Qué independencia tiene Boluarte para gobernar hasta el 2026? Poca. Si Boluarte continúa en el poder, y si quiere sobrevivir, debería logra un acuerdo, formal o no, de gobernabilidad en el que no se toquen los intereses de las bancadas del Congreso. Tarea bastante compleja. Quizá en ese escenario el país podría, si acaso, lograr una gestión discreta, quizá más enfocada en la resiliente economía peruana, que a pesar del historial de crisis políticas, cuenta con una solidez macroeconómica, en parte, gracias a los cimientos del modelo y a la extraordinaria gestión en el Banco Central de su presidente, Julio Velarde.
El otro camino es que Boluarte renuncie, que asuma el presidente del Congreso y que convoque a elecciones a la brevedad, como indica la ley. Pero, ella ha preferido seguir gobernando con legitimidad constitucional, pero sin legitimidad política ni representación parlamentaria. Un 77% de los peruanos según IPSOS rechaza su gestión y un 81% rechaza la actuación del Congreso.
Sin elecciones, y sobre todo, sin reformas políticas a la vista que permitan mejorar el diseño político e institucional del país, Perú seguirá prisionero de la corrupción, de sus políticos y de los embates constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, la sociedad civil y la opinión pública parece anestesiada por esta crisis, otra de las tantas que ha sufrido en más de tres décadas.
Cabe recordar que Perú ha tenido seis presidentes en cuatro años. Desde Alberto Fujimori, cuyo mandato comenzó en 1990, casi todos los mandatarios electos han estado o están en prisión preventiva acusados de corrupción, excepto Alan García, quien se suicidó minutos antes de ser detenido. Todos han dicho ser inocentes. Sin embargo, la culpabilidad o no de estos mandatarios y la labor de la justicia en tales casos merecen un tratamiento aparte.
Mientras la corrupción campea, el país merece reformas para que esta perversa dinámica no se siga repitiendo. Pero si el país no reconoce que hay una crisis política estructural y no se une para salir de ella, difícil será que las cosas cambien. De momento, lo más importante es que el Congreso presente y apruebe una reforma constitucional para introducir el juicio político, como me señaló en una entrevista hace meses la destacada abogada y periodista Rosa María Palacios. Esto permitiría evitar la vacancia presidencial por la vía rápida y que apela, entre otras, a la vaguísima causal de “incapacidad moral”, que ha sido tan lesiva para la democracia peruana. Pero si los diez partidos que tienen presencia parlamentaria siguen jugando al corto plazo y no ponen los intereses del país primero, la crisis de representación será ya parte del sistema y la democracia seguirá crónicamente enferma y en altísimo riesgo por la falta de gobernabilidad.
Periodista.
