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POBREZA Y DESIGUALDAD: PRESIDENCIALISMO VS PARLAMENTARISMO

América Latina y el Caribe tendrán que adaptarse a un mundo cada día más interdependiente, incierto y con serias inequidades. Una combinación de factores que no siempre contribuye a la estabilidad de la democracia, a la fortaleza de las instituciones y a la reducción de los desequilibrios sociales. Los índices de pobreza y las desigualdades económicas en la región fragilizan la democracia y la división de poderes. Las corrientes migratorias en masa también tienen su influencia en algunas de las subregiones. La dimensión de los problemas que hay que abordar en el sistema interamericano para fortalecer la democracia y la inclusión social, son enormes.

Que más de un tercio de los latinoamericanos sigan viviendo en condiciones de alta pobreza, no se condice con el espíritu del sistema democrático. La paradoja es que cuanto más se ha extendido la democracia representativa en América Latina, en general, más ha crecido también la segmentación y la desigualdad social. La democracia no ha sido capaz de crear condiciones para que la política tenga la fortaleza suficiente para adoptar las decisiones indispensables de reforma estructural para revertir las políticas que han acelerado la pobreza y afectado el crecimiento económico.

Son pocos los ejemplos en América Latina donde la democracia ha logrado impulsar condiciones de mejor equilibrio social, producir modificaciones de los sistemas tributarios o de la legislación laboral para incentivar la inversión y propender a una mejor distribución de la riqueza, a empleos de calidad, economías sostenibles con una mayor inclusión social. En gran medida esto ha sido así porque pocos han sido los gobiernos que en las últimas décadas han tenido la mayoría en el Congreso para aprobar leyes que permitan dejar atrás el subdesarrollo.

Los gobiernos con minorías oficialistas en los Poderes Legislativos solo gerencian el statu quo de las inequidades sociales y, en la mayoría de los casos, aceleran la degradación y la inequidad ante la dificultad de adoptar las medidas de fondo que permitan revertir las dificultades económicas. Los populismos, que en muchos casos gozan de mayorías legislativas, no siempre parecen dispuestos a seguir el proceso de crecimiento económico a través de incentivos a la propiedad privada y la inversión extranjera.

Es necesario por lo tanto repensar si los sistemas presidencialistas latinoamericanos, en sociedades políticamente fragmentadas, tienen la dinámica suficiente para producir las reformas necesarias para sacar a los países de la espiral de pobreza y desigualdad. Una mirada del parlamentarismo europeo llevaría a pensar que son menos rígidos y que tienen más agilidad a la hora de procesar tensiones, generar consensos y acordar políticas de estado.  Si bien el parlamentarismo no impide la concentración de poder e incluso de populismo y demagogia, en general suele reducir el riesgo de poderes hegemónicos.

Tampoco contribuye en América Latina el sistema electoral de representación proporcional que suele fragmentar las fuerzas políticas y, en alguna medida, la vigencia plena de los partidos políticos y la lealtad partidaria. Con lo cual es muy difícil para un gobierno no demagogo tener mayoría propia en el Congreso para avalar o respaldar políticas que tiendan a modificar las causas que han llevado a la economía informal, a la desinversión y el desempleo.

Más allá del debate sobre uno u otro sistema, es importante reconocer que la democracia en América Latina necesita con urgencia encontrar un consenso capaz de fortalecer las libertades individuales, la propiedad privada, la inversión transnacional y, al mismo tiempo, tener resultados palpables, en el corto plazo, de reducción de la pobreza y la inequidad. Seguir en la misma senda de desilusión con la política, no permite augurar un resultado feliz.