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REDES SOCIALES: ¿ARMAS DE DESTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA?

Las redes sociales se han convertido en un Quinto Poder superando por mucho la influencia sobre las masas que, hasta unos años, ejercía el Cuarto, la prensa, la radio y la televisión. El problema ahora es que se han colocado también por encima de los otros tres -Ejecutivo, Legislativo, Judicial-, es decir, por sobre los Estados. Sin controles, vulneran todo Estado de derecho y empiezan a representar una amenaza importante para el funcionamiento democrático.

 Su poder de manipulación basado en el uso de Inteligencia Artificial ha quedado más que evidenciado y resulta alarmante, más allá del poco transparente uso de la big data han logrado influir en procesos electorales, promover peligrosos radicalismos y viralizar todo tipo de teorías de la conspiración.

 No podemos negar que la revolución digital nos dotó de una comunicación horizontal y multidireccional en la que, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, todos pueden opinar sobre cualquier tema, desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin embargo, las empresas dueñas de las redes sociales han ido implementado ciertas normativas o reglas de “buen comportamiento” para censurar publicaciones con potencial viral que inciten a la violencia, promuevan actos criminales, diseminen información falsa y propaganda política, o toquen maliciosamente temas sensibles como la pandemia del Covid-19. Esto parecería una buena noticia, pero estas regulaciones autoimpuestas atentan contra la libertad de expresión, particularmente si es un ente privado el que determina que sí y que no se puede publicar.

 La libertad de expresión es uno de los valores más apreciados en democracia y, sin embargo, ha tratado de ser y ha sido acotado en numerosas ocasiones, en diferentes países y épocas. No es un secreto que su ausencia fortalece a los totalitarismos, absolutismos, populismos, tiranías. Es simple, sin libertad de expresión no existe la democracia.

 Por eso, en las últimas semanas se ha generado un gran debate sobre la censura impuesta por las redes sociales al que, hasta hace unos días, era el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

 Para algunos, la libertad de expresión pasa a un segundo término cuando se trata de tutelar un bien mayor, en el caso de Trump, evitar que sus mensajes incendiarios derivaran en actos violentos que pusieran en peligro la vida de la población, tal como sucedió con la toma del Capitolio en el que fallecieron 6 personas. Para otros, permitir este tipo de mensajes es preferible antes que aceptar cualquier tipo de censura que derive en acciones de tipo autoritario.

 Nadie puede negar que la decisión de suspender las cuentas de FB y TW del desbocado Trump fue correcta, lo incorrecto es que sea una empresa o varias las que definan qué, a quién, cuándo y cómo se censura.

 Lo cierto es que toda libertad tiene límites y debe estar regulada, pero en este caso, presenciamos el poder ilimitado de entes privados supranacionales que requieren de regulaciones consensadas y definidas por los Estados dentro de los organismos multilaterales existentes, claro que preferentemente con la participación de los gigantes digitales.

 El fortalecimiento democrático y los contrapesos necesarios también deben ser abordados desde la multilateralidad. Estas decisiones no pueden dejarse más en manos de poderosos privados que responden a intereses privados, hacerlo es permitir que sigan fortaleciendo su posición al punto de convertirse en armas de destrucción democrática. No es suficiente el esfuerzo que está haciendo la ONU a través de la Unesco para establecer un marco normativo para el desarrollo ético de las tecnologías digitales, la convocatoria debe partir de los mismos Estados.