Una pregunta que me han formulado colegas desde diferentes círculos profesionales se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿cuáles serán los pilares de la próxima política exterior de EE. UU. con Biden que impactarán a la del resto de los países de la región y del mundo entero? Mi respuesta se sintetiza en dos palabras: seguridad humana.
Como recordarán, la seguridad humana se define como el acceso sostenible de cualquier persona a un abanico de bienes y servicios que constituyen “derechos humanos” para poder sobrevivir y prosperar.
Entre estos bienes y servicios más elementales a los cuales el gobierno de Trump hizo caso omiso en su política exterior, están el derecho universal a vivir en un sistema sociopolítico que garantice elegir a nuestros gobernantes con Estado de derecho y el derecho humano a un medio ambiente global que no
disminuya la expectativa de vida, tal como ocurre con la contaminación o con el cambio climático hoy descontrolados.
En este sentido, el gobierno de Biden hará de la seguridad humana el eje principal de su política exterior a través de un renovado fortalecimiento de la misma democracia interna de EE. UU. y a través de un retorno al multilateralismo fundamentado en nuevos convenios internacionales entre democracias a partir de la convocatoria a una “cumbre internacional de democracias”. Es así como hoy se habla de la nueva formación de un bloque de países democráticos D-10, D-20 o D-X que aglutine a las democracias más desarrolladas y a las incipientes para delinear de manera conjunta las estrategias de seguridad humana en áreas donde hoy el planeta se enfrenta a las amenazas transnacionales más urgentes. Por ejemplo, a través de este bloque de países democráticos (que será mucho más que simplemente un bloque anti-China) se intentará delinear una modernizada dimensión de acuerdos, convenciones e instituciones internacionales “post-Breton-Woods”, que implementen acciones coordinadas (enmarcadas principalmente en las Naciones Unidas) contra la proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas; para el establecimiento de nuevos acuerdos para enfrentar futuras pandemias y contra el creciente tráfico ilegal de medicinas y de equipos médicos “substandard” o falsificados que hoy causan millones de muertes invisibles; para controlar al cambio climático; y para coordinar las reglas de funcionamiento de las tecnologías de la información, detener la violación sistemática al derecho a la privacidad y para garantizar la libre expresión y el acceso a la información (ambos derechos humanos hoy violentados masivamente en China y en otros sistemas políticos anti-democráticos).
Es así que el planeta transitaría hacia la formación de dos principales áreas políticas “tecno-estratégicas (en contraste al anacrónico concepto “geoestrategia”) en donde las democracias del planeta que así lo decidan, se aglutinarán para el diseño y cumplimiento de nuevas normas internacionales para la producción y el uso de tecnológicas informáticas que respeten los derechos humanos a la información, a la privacidad o a la libre expresión, y que abarcarían el uso y desarrollo de tecnologías con inteligencia artificial, “quantum computing” y “machine learning”.
En contraste, países con sistemas sociopolíticos demagógico-autoritarios se aglutinarían de facto alrededor de reglas de producción y uso de tecnologías de la información que hoy violan derechos humanos, tal como hoy es el caso de Corea del Norte, Cuba, China y Rusia. En este contexto, el presente acercamiento estratégico del gobierno de Argentina a China y su futura adopción de tecnologías de la información chinas, impactaría en la futura naturaleza autoritaria del sistema político interno argentino, en la violación de los derechos políticos de la población y en su política exterior al ubicar a ese país dentro del eje “tecno-estratégico” autoritario dominado por China.
Ante esta agenda internacional “avant guarde” del futuro gobierno de Biden, que no pretende describirse exhaustivamente en este corto artículo, los países de Latinoamérica verán la oportunidad de fortalecer sus sistemas democráticos incipientes y, al mismo tiempo, inyectar dinamismo en la innovación tecnológica y en la aplicación de nuevas y democráticas tecnologías de la información. Esto se lograría al adoptar iniciativas de política exterior junto a un nuevo bloque internacional de países D-X con vistas a crear un marco global de acuerdos e instituciones supranacionales que logren vencer las espantosas fallas de coordinación que hoy se reflejan en las presentes y futuras violaciones a derechos humanos si prevalece el estatus quo en, por ejemplo, el acceso internacional a vacunas para el control de esta pandemia y las que surjan.
En resumen, durante los primeros cien días de la administración Biden se propondrá una “cumbre” internacional de democracias con el propósito de formular nuevos convenios internacionales para dotar de soluciones multilaterales a las enormes fallas de coordinación entre países y evitar una ola de sistemas políticos autoritarios durante una “segunda guerra fría” ahora con China. La política exterior del gobierno de Biden buscará no solo a controlar las amenazas trasnacionales que hoy ponen en riesgo el futuro de la humanidad, sino que también se apuntará a fortalecer el ejercicio internacional de los derechos humanos con seguridad integral en democracias con Estado de derecho.
Vaya contraste con el presente y vaya desafío hacia el futuro.
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Académico investigador “Senior” en la Universidad de Columbia, EUA; director del “International Law and Economic Development Center”; presidente del Directorio del “Friends of the Wildlife Justice Commission” (USA); académico “Senior” visitante de la Università degli Studi de Torino (Italia) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México). Escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional especializado en la prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos organizados. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos internacionales como UN, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional en estos mismos rubros.
