La democracia representativa es un derecho interamericano y todos los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen la obligación de contribuir a promoverla, consolidarla y defenderla. Este principio colectivo hemisférico se encuentra consagrado en el artículo 1 de la Carta Democrática adoptada por consenso en Lima en el 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, tras más de dos décadas en vigencia, la aplicación del instrumento en circunstancias en la que la democracia se ha visto afectada deja mucho que desear. Diferencias políticas regionales estimuladas por tendencias populistas y autoritarias, han reducido la capacidad de la OEA para actuar en defensa de la calidad democrática, en la prevención de comportamientos que pudieran alterar el orden democrático y en particular en la restauración de la democracia como ha sido el caso de Venezuela, Nicaragua o El Salvador.
La decepción por ese proceder incluye a un número de gobiernos de la región que no han contribuido al compromiso jurídico vinculante en defensa de la democracia representativa. La polarización entre gobiernos democráticos y regímenes autocráticos ha sido perjudicial para lograr consenso en decisiones en la OEA. El hecho que las acciones previstas dependan conforme al Capítulo IV de la Carta Democrática del Consejo Permanente de la OEA (artículo 20) o de una Asamblea General extraordinaria (artículo 21) politiza e incluso anula o bloquea cualquier decisión apropiada en defensa de la democracia. Al carecer de autonomía la aplicación de la Carta Democrática, su efectividad e impacto disminuye sustancialmente al punto de convertirse, en muchos casos, en un instrumento en desuso.
La defensa de la democracia representativa en el contexto de la Carta Democrática Interamericana debería ser tratada por un órgano del sistema interamericano con la suficiente autonomía e independencia de características equivalentes a las atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambas instituciones tienen la capacidad de actuar independientemente de la opinión de los Estados miembros de la OEA.
La VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en Buenos Aires, pese a haber ratificado el compromiso con valores democráticos, contradice a la Carta Democrática Interamericana al dejar en evidencia el uso ideológico del vocablo democracia al considerar, por ejemplo, que Cuba, Venezuela y Nicaragua son una garantía de democracia. Un número significativo de los 33 países que integran la CELAC tienen una reducida calidad democrática o no respetan la democracia ni los derechos humanos. El presidente de Uruguay tildó acertadamente el ejercicio como el de un club de amigos ideológicos.
La CELAC en Buenos Aires demostró que no puede reemplazar a la OEA en la defensa de la democracia ni en materia de derechos humanos. Es justamente el énfasis político parcial, promocionado principalmente por gobiernos populistas, el que ha paralizado al Consejo Permanente de la OEA en la aplicación de la Carta Democrática incluyendo a la OEA misma en su papel primordial de secretaria del instrumento. La experiencia de las últimas dos décadas sugiere que el tema requiere, como mínimo, de una Asamblea de revisión para considerar las debilidades y desafíos del instrumento y acordar los mejores cursos a seguir.
Consecuentemente, la defensa de la democracia representativa y la promoción de su calidad institucionalidad, no pueden seguir siendo rehén de un puñado de países que ni promueven ni defienden la democracia representativa en la región. Es necesario adoptar con urgencia las medidas multilaterales jurídicas vinculantes adicionales para asegurar la efectiva aplicación de la Carta Democrática. La creación de un órgano autónomo interamericano resultaría en una garantía de los ciudadanos que habitan el continente americano.
Diplomático de carrera, embajador extraordinario y plenipotenciario y ex vicecanciller argentino. Fue asistente especial del secretario general de la ONU e integrante del foro asesor del secretario general de la ONU en desarme durante la administración de Kofi Annan. Colabora para diversos medios de comunicación como Clarin e Infobae.
