Muchas gracias a Save Democracy por la invitación.
Éste es, sin duda, un ejercicio de alto nivel para compartir ideas y perspectivas sobre una realidad que, como ya se ha señalado, se presenta profundamente adversa, especialmente en América Latina. Nos encontramos frente a una compleja ola de autocratización que se manifiesta en distintos niveles y con intensidades diversas, pero que comparte rasgos estructurales comunes: el cierre del espacio cívico, la concentración del poder y la consolidación —o reafirmación— de pactos de impunidad entre poderes fácticos, tanto legales como ilegales, y los poderes públicos
Este fenómeno es, en gran medida y tristemente, característico de la región latinoamericana.
En el caso mexicano, el análisis resulta particularmente complejo. La clase política suele destacar que México no experimentó una dictadura militar durante la segunda mitad del siglo XX, a diferencia de otros países de la región. Sin embargo, como lo señaló Mario Vargas Llosa, el país vivió bajo una “dictadura perfecta”: la del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que, como describía Daniel Cosío Villegas, existía un monarca sexenal que, perteneciendo al mismo partido, se renovaba mediante rituales políticos que garantizaban la continuidad del poder. El predecesor designaba al sucesor dentro de una lógica corporativista para mantenerse en el poder. Las disputas ocurrían al interior del partido; fuera de él, no había espacio.
Hoy no asistimos a una reedición exacta de ese modelo, en buena medida porque la actual coalición gobernante, encabezada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), carece de aquella disciplina interna; por el contrario, se caracteriza por una marcada heterogeneidad y sectarismo. No obstante, persiste una constante: la clara intención de preservarse en el poder.
Uno de los golpes más significativos a la arquitectura institucional —como lo documenta el estudio de V-Dem— ha sido la llamada reforma judicial, ampliamente discutida en los espacios públicos. Esta reforma se inscribe en una serie de transformaciones más amplias.
Lo ocurrido en México en septiembre de 2024, tras una elección en la que Morena obtuvo una victoria arrasadora —una elección que puede calificarse como de Estado—, representa en los hechos la instauración de un nuevo orden constitucional, aunque no formalmente. Se configuró un poder constituyente a partir de una sobrerrepresentación parlamentaria obtenida mediante mecanismos cuestionables e ilegales.
Esto implicó una redefinición sustantiva del régimen político y del sistema institucional de pesos y contrapesos. Aunque la Constitución de 1917 sigue vigente —a pesar de haber sido reformada más de 700 veces—, el sistema político mexicano ha sido modificado de manera profunda.
Uno de los aspectos más llamativos fue la reforma judicial que introdujo la elección popular de jueces y magistrados. El proceso resultó caótico: boletas con hasta cien nombres, candidatos sin experiencia en campañas y la intervención directa del partido hegemónico mediante la distribución de guías de voto —los llamados “acordeones”— que orientaban la decisión ciudadana.
La participación fue un fracaso al ser extremadamente baja -apenas alrededor del 12%, con un alto número de votos nulos-, lo que evidenció la fragilidad del proceso.
De ahí que uno de los argumentos para eliminar estas instituciones fue que eran creaciones de élites extremadamente costosas, cuando en realidad representaban apenas el 0.1% del presupuesto.
Este desmantelamiento institucional se vincula con otra reforma clave: la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, una de las pocas instituciones que habían logrado consolidarse como funcionales, estables y relativamente autónomas en el marco de una transición democrática incompleta.
En este punto resulta pertinente retomar la definición de populismo de Nadia Urbinati: el populismo parasita la democracia; la necesita para subsistir, pero utiliza sus mecanismos y su retórica mayoritaria para erosionarla desde dentro.
Bajo esta lógica, uno de los argumentos para eliminar dichas instituciones fue su supuesto carácter elitista y su elevado costo, cuando en realidad representaban apenas el 0.1% del presupuesto público. Asimismo, se evidenciaron casos de corrupción para legitimar su desaparición.
Todo ello forma parte de un proceso de degradación democrática que se aceleró a partir de 2018, siguiendo un patrón claramente identificable. Uno de sus componentes centrales ha sido el comunicacional: el jefe de Estado utilizó conferencias matutinas para descalificar sistemáticamente a sus críticos, etiquetándolos como adversarios. En este contexto, los periodistas ocuparon un lugar central.
Estos ataques no se dirigieron a los grandes consorcios mediáticos —con los que se mantuvieron ciertos acuerdos y pactos—, sino a periodistas en lo específico, señalados con nombre y apellido.
Así, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se instauró un modelo de comunicación política que llegó para quedarse, en un país que hoy ocupa el segundo lugar del mundo en cuanto a peligrosidad para ejercer el periodismo, después de Gaza.
México lleva más de una década entre los países más peligrosos para quienes se dedican a esta profesión, comparable con Afganistán, Irak o Siria.
A este desmontaje democrático se suma la existencia de redes de macrocriminalidad construidas durante años, bajo esquemas de “gobernanza criminal”, caracterizados por la colusión entre autoridades y crimen organizado, que también ejercen presión directa sobre el periodismo.
Este contexto ha permitido a los gobiernos deslindarse de la violencia contra la prensa, atribuyéndola exclusivamente al crimen organizado. Sin embargo, existe evidencia de responsabilidad del Estado, tanto por acción como por omisión.
La alta colusión entre el crimen organizado y gobiernos, sobre todo locales, en términos de asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas es demostrable con los altos niveles de impunidad: del 90% para el caso de asesinatos y del 98% en lo que respecta a agresiones contra periodistas.
Estos patrones no son exclusivos de México, sino que se replican en América Latina: estigmatización, violencia física, violencia digital y un crecimiento exponencial del acoso judicial.
Se observan preocupantes mecanismos de censura cada vez más sofisticados —o en ocasiones burdos—, acompañados de opacidad y de un discurso de securitización, incluso con tintes militaristas, que está sirviendo para implementar institucionalmente sistemas muy agresivos de vigilancia y espionaje.
En este ámbito, México ostenta el récord mundial en el uso de Pegasus, el software espía desarrollado por NSO Group. En un solo mes se registraron 456 infecciones en el país, frente a 100 en India.
En el marco de esta ola de autocratización, se libra una disputa por la narrativa pública. Se asiste a la destrucción de instituciones que, aunque imperfectas, eran funcionales; a la debilidad —y en muchos casos cooptación— de las oposiciones, que se perciben incapaces de articular alternativas.
En este escenario, ¿quién queda como contrapeso? La prensa, los defensores de derechos humanos y la academia.
Estos actores se convierten, por tanto, en los principales blancos de estrategias de Estado orientadas a su aniquilación moral mediante su deslegitimación buscando erosionar su capital reputacional que, como señala la periodista mexicana Carmen Aristegui, constituye su principal activo.
Se exponen sus ingresos, se difunden sus datos personales y se promueven brutales campañas de odio.
Desde Artículo 19, por ejemplo, se ha documentado el uso de “bots” en México como verdaderas milicias digitales y que son operados desde agencias gubernamentales para atacar a periodistas.
En un caso emblemático, tras un señalamiento presidencial, se generaron más de 200,000 menciones negativas en un solo día, evidenciando una maquinaria coordinada desde el poder y cuyos ataques son posteriormente amplificados desde las redes.
Este fenómeno no es exclusivo de México; se observa también en el El Salvador, Cuba y otros países de corte autoritario.
Durante el sexenio de López Obrador se documentaron 248 campañas de desprestigio contra periodistas.
Y esta dinámica persiste. Aunque la actual jefa de Estado goza de una mejor imagen internacional, en la práctica se profundiza el mismo proyecto de desmontaje de la democracia: consolidación del control sobre el Poder Judicial, eliminación de instituciones y uso sistemático del sistema judicial contra la prensa -solo en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, el acoso judicial contra periodistas aumentó en un 150%-.
Surge además una tendencia particularmente preocupante: la instrumentalización de derechos para restringir derechos. Un ejemplo es el uso de la figura de violencia política en razón de género para silenciar periodistas y detener investigaciones periodísticas. Por ejemplo, basta una denuncia en México para que, en un plazo de 24 horas, el contenido sea retirado.
Paralelamente, una sobrerregulación administrativa está asfixiando a las organizaciones de la sociedad civil.
Todo esto configura un sistema que no es abiertamente dictatorial, pero sí profundamente autoritario.
En este contexto, la prensa emerge como el principal contrapeso sobreviviente, en una lucha desigual —una suerte de David contra Goliat— frente a un poder altamente concentrado y una oposición debilitada.
El problema es de gran magnitud. Y aunque algunos gobiernos como el mexicano gocen de buena prensa internacional, en los hechos se está profundizando un proceso de autocratización.
Frente a otras amenazas globales, este podría parecer un fenómeno menor, pero no lo es, representa el debilitamiento y destrucción de la democracia.
Director Regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19 desde 2020. Abogado con Maestría en Derecho de los Derechos Humanos.
Durante los últimos 17 años ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos en México, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Durante sus 11 años en ARTICLE 19, ha contribuido a la documentación, análisis jurídico y político, defensa y promoción del espacio cívico, el acceso a la información y la libertad de expresión, tanto en línea como fuera de ella.
Ha formado parte del consejo asesor del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de 2018 a 2019. Ha publicado en medios de comunicación como Aristegui Noticias, Animal Político, Reforma, Proceso y tiene una columna semanal en el medio digital Sin Embargo.
