La mega-resolución judicial de la Suprema Corte Argentina emitida esta semana y que condena a prisión a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK) nos permitirá observar si el aplicar Estado de derecho a líderes políticos que a la vez son candidatos de un partido opositor conllevará o no a la percepción de legitimidad del proceso electoral de septiembre de este año en ese país y a una estabilidad político-social posterior.
Esta decisión marca un momento sin precedentes en la historia política reciente de Argentina. Por primera vez, un personaje central del peronismo, que durante más de dos décadas ha tenido una presencia dominante en la escena nacional, enfrenta una condena de esta magnitud en un año electoral crucial.
En Argentina el círculo de 2 asesores más cercanos a Milei en 2024 y el expresidente Mauricio Macri en el 2016 optaron, tácitamente, por convivir con la impunidad para Kirchner.
Esta convivencia con la impunidad reflejó una dinámica política que, durante años, postergó decisiones de fondo en aras de la gobernabilidad o por cálculos estratégicos. Sin embargo, la reciente sentencia de la Suprema Corte rompe con esta lógica e introduce un nuevo parámetro para la relación entre justicia y política.
Muy similar a lo ocurrido con la justicia en los Estados Unidos que, para el caso de Donald Trump, lamentablemente optó por la impunidad haciendo todo lo opuesto a lo que finalmente hizo la justicia argentina en días pasados.
En comparación, el caso estadounidense revela una actitud más conservadora en el uso del aparato judicial frente a figuras políticas de alto perfil. Aunque existen múltiples procesos abiertos contra Trump, el avance ha sido lento y está plagado de obstáculos políticos, lo que para muchos observadores equivale a una forma velada de impunidad. En contraste, la decisión argentina —por más polémica que pueda resultar para sectores kirchneristas— se presenta como una afirmación del principio de legalidad, incluso frente a personajes poderosos.
Es importante destacar que, históricamente, Argentina posee una tradición cultural-político-social de organización masiva-punitiva mucho más proactiva y mucho más reactiva que la de otros países. Sin duda, no es el caso de México.
Este dato sociopolítico es clave. Argentina tiene una larga trayectoria de movilización ciudadana, tanto para respaldar como para rechazar decisiones judiciales o políticas. Desde el juicio a las juntas militares en los años 80 hasta las multitudinarias marchas por la transparencia y la memoria histórica, la sociedad argentina ha demostrado ser particularmente activa y combativa. Esta cultura política genera un contexto donde los poderes del Estado pueden sentir mayor presión para actuar, o bien para justificar su inacción. México, en contraste, presenta una dinámica distinta, donde la impunidad estructural ha sido más tolerada y la movilización social, más fragmentada.
Ya veremos …..
La sentencia contra CFK abre una nueva etapa política en Argentina. La incógnita no sólo es si resistirá jurídicamente los embates de la apelación o las reacciones políticas, sino si generará un efecto dominó en la relación entre justicia y poder en América Latina. ¿Estamos ante un cambio de paradigma o frente a una excepción? Lo cierto es que la sentencia sacude los cimientos de la política argentina y pone a prueba tanto a su sistema judicial como a su democracia.
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Académico investigador “Senior” en la Universidad de Columbia, EUA; director del “International Law and Economic Development Center”; presidente del Directorio del “Friends of the Wildlife Justice Commission” (USA); académico “Senior” visitante de la Università degli Studi de Torino (Italia) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México). Escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional especializado en la prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos organizados. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos internacionales como UN, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional en estos mismos rubros.
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