A lo largo del siglo XXI, el concepto de geopolítica ha mutado profundamente. Ya no se trata únicamente de cómo un Estado se posiciona frente a otros en el espacio geográfico y qué impacto tiene. Hoy el “espacio” de la geopolítica excede la geografía y se desarrolla en el ciber-espacio, en el que juegan no sólo los países sino nuevos actores, entre los que destacan las poderosas plataformas tecnológicas, y las redes de crimen organizado y los cleptócratas.
Los primeros 60 días de la nueva administración estadounidense encabezada por Donald Trump se han caracterizado por un estilo autocrático en la toma de decisiones; el desprecio por los espacios multilaterales e internacionales; un fuerte control de la narrativa; el ataque a las universidades y a las firmas legales; el desmantelamiento o suspensión de normas e instituciones anticorrupción, y la utilización de una forma agresiva de negociación incluso con los aliados tradicionales.
Como señala Anne Applebaum, asistimos al surgimiento de la “Autocracia. Sociedad Anónima” (el título original del libro en inglés es “Autocracy.Inc”) un sistema caracterizado por la concentración de poder, el debilitamiento del Estado de Derecho y el avasallamiento de los mecanismos de control y transparencia y el acercamiento a -y entre- los líderes autoritarios.
Estos regímenes se caracterizan por un intenso control de la narrativa pública. Las redes sociales —concentradas en pocas manos— se han convertido en el principal canal de imposición cultural global. La nueva administración ha creado -por ejemplo- la cuenta “Rapid Response 47”, utilizada de manera proactiva para crear un universo informativo paralelo, debilitando a los medios tradicionales y sembrando desinformación a escala global.
La reacción de las grandes tecnológicas ha sido reveladora. Muchas de ellas, incluso antes de la asunción de Trump, comenzaron a modificar sus políticas de moderación de contenido a tono con la reacción anti-woke de la nueva administración. Google, por su parte, ajustó su política para permitir el uso militar de sus herramientas de inteligencia artificial como una clara señal de alineamiento. A esto se suman cambios de políticas y estándares en numerosas empresas e instituciones -incluidas universidades e importantes firmas de abogados- en áreas de inclusión, diversidad y responsabilidad corporativa, desmontando avances en gobernanza ética y transparencia.
Pero lo más alarmante es la consolidación de una agenda procorrupción, que trasciende lo nacional. La suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en Inglés), clave en la lucha global contra el soborno, marca un retroceso histórico. Lo mismo ocurre con la paralización de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por su sigla en Inglés), que se presenta como un beneficio para pequeños negocios, pero en realidad habilita el anonimato de los beneficiarios finales, facilitando flujos ilícitos, lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado.
A esta agenda se suman las llamadas “Golden Visas” -ofrecidas incluso a “oligarcas rusos”, según palabras del presidente Trump-. También se ha desmantelado la oficina federal de protección a los denunciantes (whistleblowers). La SEC, por su parte, ha relajado regulaciones clave sobre criptomonedas y el anonimato de los intermediarios. Todo esto favorece a las cleptocracias que hoy cooptan las instituciones desde las sombras y redibujan el mapa de poder global más allá del Estado-nación.
Este panorama no puede entenderse sin considerar la dimensión ética y cultural. Durante años, hablar de ciudadanía, valores o integridad parecía un ejercicio filosófico sin consecuencias prácticas. Hoy, vemos su relevancia más que nunca. Si las autocracias avanzan, es porque hemos descuidado esa dimensión fundacional de la democracia. Debemos alzar de nuevo esas banderas.
Miembro del Consejo Consultivo de Save Democracy.
Doctora en Derecho. Ha sido Profesora en la Universidad Nacional de Buenos Aires; ha sido consultora independiente, trabajando para la OEA, PNUD, IDEA International, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), NEEDS, Transparency International, CAPEL, IFES, ONU Mujeres, COUNTERPART, DEMOCRACY International, NEEDS, Global Integrity y otros organismos internacionales y ONGs. Ha realizado tareas de consultoría y asesoramiento en programas de promoción de la transparencia especialmente en el área del financiamiento de la política; en materia de ética pública y en proyectos de auditoría y lucha contra la corrupción en Nicaragua, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Honduras y Jamaica.
En 2017, Delia Ferreira Rubio fue electa Presidente de Transparency International y en 2020 fue reelecta por un segundo mandato.
Actualmente es miembro del Global Future Council on Good Governance del Foro Económico Mundial. Anteriormente fue miembro del Board del Pacto Global de la ONU, y del Steering Committee of OGP – Alianza de Gobierno Abierto y Copresidente del Consejo Global Anti-corrupción del Foro Económico Mundial y Presidente de Poder Ciudadano en Argentina.
Es autora de numerosas publicaciones sobre Transparencia y Anti- corrupción, Ética Pública, Financiamiento de la Política, Sistemas Electorales y Política Comparada, entre otros temas.
DeliaFerreira@savedemocracyal.org
