Uno de los principales desafíos para el pleno desarrollo de democracias incipientes es lograr implementar un abanico de controles institucionales a ser aplicados por la ciudadanía organizada y que estén apropiadamente legislados con atribuciones de auditoría ciudadana de todos los órganos del Estado.
La experiencia internacional nos indica que las democracias modernas se desarrollaron con Estado de derecho y cultura de la legalidad a través de la aplicación de estos controles ciudadanos directos a todas las instituciones del sector público y con carácter vinculante a la apertura de investigaciones penales cuando redes ciudadanas identifican comportamientos sospechosos.
Las democracias más desarrolladas poseen controles institucionalmente legislados de auditorías ciudadanas sobre la delineación de presupuestos, sobre las asignaciones de contrataciones públicas y sobre el desempeño técnico de todo tipo de funcionarios públicos, desde el ámbito del poder ejecutivo hasta el desempeño técnico del poder judicial y del poder legislativo. Los reportes de auditorías llevadas a cabo a través de redes de auditores de la ciudadanía organizada son posteriormente derivados a fiscalías en casos de irregularidades o corrupción. Estos mecanismos de control ciudadano hoy existen en 67 países con democracias en desarrollo o desarrolladas y han logrado así fortalecer el combate contra la corrupción política vinculada a la delincuencia organizada.
En las democracias incipientes o en retroceso como las de Argentina, México o Paraguay y en los sistemas políticos de naturaleza autoritaria como el de Cuba o Nicaragua, este tipo de anticuerpos de auditoría social están ausentes y sin un marco legislativo que las regule. Por lo tanto, los controles de la ciudadanía sobre el desempeño de funcionarios públicos no son directos y la ciudadanía se limita a pasivamente juzgar el desempeño de funcionarios públicos solamente a través de, en el mejor de los casos, controles de auditorías de Estado normalmente sesgados por presiones políticas o por ocultamientos vinculados a corrupción o al uso excesivo de restricciones de acceso a la información del sector público bajo criterios discrecionales de “seguridad nacional”.
En este marco de subdesarrollados o ausentes controles de la ciudadanía, el periodismo y las redes periodísticas representan potencialmente el único canal de control social independiente. Sin embargo, si las empresas privadas que son dueñas de estos medios de difusión les pertenecen a políticos, a sus familiares o a sus socios comerciales, el potencial de conflicto de interés periodístico es enorme y la capacidad periodística de llevar adelante un control independiente se verá frustrada. Esto es lo que hoy sucede en países con un débil Estado de derecho y una débil cultura de la legalidad en donde no existen leyes que regulen el conflicto de interés de funcionarios públicos y del sector privado. Por ejemplo, en México es frecuente que excandidatos a la presidencia, adquieran intereses comerciales en medios empresariales de difusión que después se dedican a organizar campañas periodísticas a favor o en contra de gobiernos según sean los partidos en el poder.
Cuando las empresas dedicadas a medios de difusión no están sujetas a un estricto marco jurídico que regule los conflictos de interés entre lo público y lo privado, el periodismo promedio no puede cumplir su función “contralora” y el único potencial canal de control se ve frustrado.
El periodismo promedio en países con democracias incipientes o en países que padecen autocracias se convierte, normalmente, en un instrumento operativo e ideológicamente sesgado del poder político en turno. Así tenemos al periodismo asociado a intereses privados empresariales pro-Macri o anti-Macri en Argentina o pro-López Obrador o anti-López Obrador en México. Un buen ejemplo lo representa el que se desarrolló durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón en México, cuando su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, utilizó el programa televisivo del conocido periodista Carlos Loret de Mola para transmitir una trama de engaños públicos a través de “montajes” de falsos operativos policiales y de campañas de propaganda con falsa información para proyectar una imagen pública de éxito de las políticas de seguridad. Cuando señalo al periodismo como instrumento “operativo” de gobiernos de turno, me refiero a este tipo de eventos en donde una empresa mediática genera falsa información con el fin de prestigiar o de desprestigiar a un gobierno, lo cual potencialmente representa un delito. Este tipo de comportamientos “periodísticos” son la moneda usual en sistemas políticos ampliamente infiltrados por el crimen organizado, como el de México o en sistemas políticos feudales disfrazados de democracias como el de Paraguay en donde cada partido posee vínculos operativos con las principales empresas mediáticas del país.
En los países en donde el “periodismo” está sujeto a un control político a través de conflictos de interés empresariales es muy difícil que se puedan desarrollar las democracias con Estado de derecho. Estos casos de corrupción político-periodística distan mucho de los normales sesgos ideológicos a favor o en contra de un gobierno que uno puede observar en cualquier democracia desarrollada como serían los casos de Fox News o Le Monde.
Para evitar este tipo de corrupción tan frecuentes en democracias incipientes o en sistemas políticos autoritarios como el de China o Rusia, es necesario desarrollar un marco jurídico para prevenir y combatir el conflicto de interés en las interrelaciones entre los sectores público y privado. Las experiencias de reformas legales en Colombia y Costa Rica demuestran que es factible prevenir y combatir este tipo de conflictos de interés político-periodístico combinados con tráfico de influencia, cuando el sistema judicial tipifica estos comportamientos como causas penales por corrupción política. Los países que han desarrollado un sistema legal al respecto han logrado fortalecer los controles de la ciudadanía sobre su sistema político fortaleciendo, consecuentemente, sus democracias.
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Académico investigador “Senior” en la Universidad de Columbia, EUA; director del “International Law and Economic Development Center”; presidente del Directorio del “Friends of the Wildlife Justice Commission” (USA); académico “Senior” visitante de la Università degli Studi de Torino (Italia) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México). Escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional especializado en la prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos organizados. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos internacionales como UN, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional en estos mismos rubros.
