La doctrina internacional denominada “área de influencia” que el presidente de EE.UU. Donald Trump viene imponiendo, a países independientes de las Américas y también a países soberanos más allá de las Américas, representa un retroceso para el presente y futuro mantenimiento de la paz mundial y para la sostenibilidad de la democracia con Estado de derecho. Esta doctrina impositiva abiertamente declarada por el actual gobierno de USA se define como una estrategia de política exterior a través de la cual una potencia dominante declara su aspiración al control político, económico y/o militar sobre un “área” compuesta por países independientes así conllevando a la exclusión de otras potencias rivales (tal como hoy lo es China).
Durante siglos, la historia geopolítica mundial ha demostrado que esta doctrina colisiona con el derecho público internacional y con todas las constituciones nacionales que, sin excepción, garantizan las soberanías e independencias nacionales. Por ejemplo, la Doctrina Monroe aplicada durante la Presidencia de Estados Unidos por James Monroe en 1823, exigía a los Imperios europeos no intervenir política, económica o militarmente en las Américas. Un segundo ejemplo de la aplicación de dicha doctrina fue durante la Guerra Fría cuando entre 1948 y 1991 el mundo quedó dividido en esferas o zonas de influencia con un bloque ideológico Occidental liderado por Estados Unidos y otro bloque ideológico Oriental adversario liderado por la Unión Soviética.
La actual Doctrina Donroe, públicamente declarada en varias oportunidades por Donald Trump, exige la sumisión de todos los países de las Américas y Groenlandia (actualmente parte autónoma de Dinamarca) ante las demandas políticas, económicas y militares de Estados Unidos. Los casos puntuales de Venezuela de manera coercitiva, o el de Argentina a través del fanatismo ideológico del presidente Milei, representan la captura exclusiva por parte del gobierno de Trump de los recursos energéticos (hidrocarburos) y minerales estratégicos de ambos países con el fin de que EE.UU. pueda prevalecer tecnológica y militarmente en su competencia bipolar con China. El actual apoyo irrestricto del gobierno de Trump al gobierno delictivo y anti-democrático de Venezuela, representa una continuidad del gobierno autocrático de Nicolás Maduro y un quid pro quo para la explotación monopólica e irrestricta de los recursos naturales venezolanos.
Hasta hoy, los dos países económicamente más poderosos de Latinoamérica, Brasil y México, junto a Canadá se han resistido a esta doctrina neocolonialista del presidente Trump.
Debemos tener en consideración que toda demanda política, económica o militar impuesta por Estados Unidos a otros Estados soberanos sin que exista la previa e independiente aprobación de los Poderes Legislativos y poderes Judiciales de Argentina y de Venezuela representan un ataque contra sus democracias. En el caso de Estados mafiosos y autocráticos, como el hoy presidido en Venezuela por Delcy Rodríguez, o en casos de Estados crónicamente débiles como el de Argentina, hacen mucho más fácil que las imposiciones norteamericanas se traduzcan en una automática sumisión que atenta contra las libertades económicas y contra las libertades políticas esenciales en toda sociedad que aspira a una democracia desarrollada.
El efecto multiplicador mundial de la Doctrina Donroe será similarmente desastroso. Dictadores y potenciales autócratas percibirán una total impunidad al declarar sus propias “áreas de influencia” en otras regiones del planeta en donde una versión propia de zona de influencia de un autócrata se superpondrá con otra versión de zona de influencia de otro autócrata, conduciendo así a nuevos y más frecuentes conflictos armados. Al mismo tiempo, las democracias incipientes en países africanos y asiáticos se verán debilitados por las cada vez más coercitivas demandas políticas, económicas y militares de China y de otras potencias regionales tal como Israel, Indonesia, Rusia, Turquía o Arabia Saudita. Esta fragmentación geopolítica conducirá a más inestabilidad mundial y a menor coordinación internacional para poder contener a las más graves y urgentes amenazas transnacionales tal como el cambio climático o las potenciales pandemias.
Ante este cuadro internacional de sumisión coercitiva y ante el empeoramiento en las relaciones internacionales causado por la aplicación de “áreas de influencia”, las democracias más vitales y más desarrolladas como la de Canadá, han comenzado a tejer alianzas políticas y económicas con democracias similares europeas para así fortalecer una resistencia colectiva internacional y contrarrestar ataques económico-arancelarios y otras políticas autoritarias y militarizadas tanto de la Doctrina Donroe, como de sus similares basadas en zonas de influencia ya anunciadas e impuestas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Ucrania y a otros países de Europa, o las de su homólogo el presidente Xi Jinping de China a Taiwán y a diversos países que rodean al “Mar de China”.
En este contexto internacional, la protección y el fortalecimiento de las democracias con Estado de derecho representan no solo un desafío de política interior. La hostilidad internacional que representa la Doctrina Donroe y similares, que emanan hoy de China y de Rusia, justifican que, con urgencia, la política exterior de nuestras democracias se coordinen con mucha mayor efectividad para así transitar de la actual pasividad retórica reactiva a un activismo de resistencia con acciones coordinadas basadas en embargos comerciales junto a las cuatro categorías de sanciones: económicas, diplomáticas, militares y ambientales, contra los gobiernos que continúen declarando doctrinas internacionales autocráticas y coercitivas.
La historia mundial nos enseña que la paz nunca se alcanza a través de apaciguar a los agresores seriales. Las graves amenazas existenciales que enfrentan hoy las sociedades y Estados que aún viven en democracia, justifica adoptar estas propuestas económicamente costosas para evitar retornar a las, mucho más costosas, tragedias bélicas mundiales que ya ha padecido la humanidad.
Miembro Fundador y Co-Director de Save Democracy. Académico investigador “Senior” en la Universidad de Columbia, EUA; director del “International Law and Economic Development Center”; presidente del Directorio del “Friends of the Wildlife Justice Commission” (USA); académico “Senior” visitante de la Università degli Studi de Torino (Italia) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México). Escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional, posee experiencia en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática con Estado de derecho dirigiendo a equipos de campo en 124 países desde 1990. Especializado en la prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos organizados. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos internacionales como UN, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional en estos mismos rubros.
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