“América Latina vive en un limbo, debido a la dinámica
de un hombre que llegó a la Casa Blanca y
puso su personalidad y sus intereses por encima de los de su país”
Jon Lee Anderson
La supremacía que ha ejercido Estados Unidos en América Latina tiene diferentes expresiones que van desde las intervenciones militares, hasta las acciones encubiertas instrumentadas por sus agencias de inteligencia y espionaje para moldear los escenarios políticos que favorezcan sus “interese nacionales”.
La referencia histórica es clara desde 1823, cuando se promueve la Doctrina Monroe y Estados Unidos declara el rechazo expreso a las potencias europeas de cualquier intento de reconquistar la región. La frase es de todos conocida: “América para los americanos”.
Más adelante, en 1904 se plantea el Corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe, donde se establece que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de cualquier país latinoamericano, si éste mostraba impotencia o fallas crónicas en el orden interno o en el pago de deudas.
Estas declaraciones ponen de manifiesto la instrumentación de los Estados Unidos de ser el policía internacional que “garantiza orden y seguridad”. Sin embargo, sabemos que las acciones concretas que han ejercido los Estados Unidos a lo largo de la historia han generado no solamente una serie de distorsiones desde el punto de vista socioeconómico, sino que han generado escenarios de inestabilidad política y violencia en buena parte de la región latinoamericana.
Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se hace explícito el derecho de intervenir en los asuntos internos y externos de América Latina. Textualmente, Donald Trump dijo tras la “captura” de Nicolás Maduro al inicio de este 2026″: “…vamos a gobernar el país (Venezuela) hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa” Con este evento se inicia el llamado Corolario Trump a la Doctrina Monroe.
La preparación del terreno político se generó previamente con la publicación el 04/12/2025 de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en dónde se plantea concretamente lo siguiente: … “Impondremos y haremos cumplir un Corolario Trump a la Doctrina Monroe…” en el hemisferio occidental, en donde se tiene contemplada América Latina. Señala el documento, “… tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental. América Latina es parte de nuestro hemisferio. Y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada…”. Departamento de Estado Norteamericano 05/01/2026.
Si vemos con detenimiento, el “Corolario Trump de la Doctrina Monroe”, concibe a América Latina como SU zona de influencia exclusiva y pretende presentarse como un mecanismo de estabilidad, seguridad o defensa de sus intereses estratégicos, capaz de enfrentar las amenazas del crecimiento del “narcoterrorismo” e impedir cualquier intromisión de otra potencia en su “patio trasero”; especial dedicatoria tiene este planteamiento a su rivalidad con China, a quien ve como claro “relevo hegemónico” ante el evidente declive norteamericano. Sin embargo, detrás de ese lenguaje se encuentra una lógica jerárquica: Estados Unidos se atribuye el derecho de condicionar las decisiones políticas, económicas y diplomáticas de otros. Esta lógica entra en tensión con principios democráticos básicos, como la soberanía popular, la igualdad jurídica entre Estados, la deliberación pública y la rendición de cuentas. Aunque una esfera de influencia no siempre adopta la forma abierta de una intervención militar, puede operar mediante presiones comerciales, amenazas, sanciones selectivas, apoyo a élites afines o deslegitimación de gobiernos incómodos. El problema democrático no reside únicamente en los medios empleados, sino en la premisa misma de que la autonomía de una sociedad puede subordinarse a prioridades definidas fuera de ella. Por eso, un examen crítico de esta doctrina permite observar cómo el unilateralismo geopolítico limita la autodeterminación, debilita las instituciones representativas y sustituye la cooperación internacional por relaciones de dependencia.
Lo anterior, pone en evidencia que la soberanía popular de América Latina está claramente bajo la tutela norteamericana. Recordemos que la democracia supone que una comunidad política puede escoger su rumbo mediante procedimientos legítimos y revisables. La Doctrina Donroe altera esa premisa al establecer límites externos sobre lo que un electorado puede decidir. Un país puede celebrar elecciones competitivas y, aun así, ver restringidas sus opciones si determinadas alianzas, reformas económicas o posiciones diplomáticas provocan represalias de una potencia dominante. Para ilustrar esto, es inevitable hacer referencia a los casos de Ecuador, Argentina, Chile y ahora Colombia, entre los más relevantes. En esas condiciones, la voluntad popular deja de ser plenamente vinculante: se tolera siempre que permanezca dentro de un perímetro geopolítico previamente fijado. La contradicción es profunda; mientras el discurso democrático afirma que los gobiernos derivan su autoridad de la ciudadanía, la política de tutela norteamericana sugiere que la legitimidad efectiva depende también de la aceptación de actores externos. Así, la soberanía se convierte en una concesión condicionada. El resultado suele ser una ciudadanía escéptica, que percibe que el voto tiene menos peso que las presiones internacionales, y unas élites nacionales, ahora identificadas como la “derecha latinoamericana” se encuentran incentivadas a negociar su permanencia con poderes externos antes que a responder ante su sociedad; en los hechos, ponen a la venta su capital político a la élite gobernante norteamericana, con tal de preservar sus privilegios y mantenerse en el poder gubernamental y en posiciones claves de la economía y de los sectores estratégicos.
Por último, la puesta en práctica de la Doctrina Donroe, además de fortalecer los esquemas de control e intervencionismo, produce efectos antidemocráticos porque trasladan el centro de la decisión desde la ciudadanía hacia relaciones de poder externas y hegemonistas; limitan la autodeterminación, debilitan la rendición de cuentas, convierten la dependencia económica en instrumento de coerción, tal como sucede en el caso venezolano, y consolidan un orden regional regido por jerarquías antes que por normas democráticas y de consenso social. Su principal riesgo no consiste solo en que puedan desembocar en intervenciones visibles, incluidas las acciones militares directas en cualquier país latinoamericano, sino en que vuelva ordinaria la idea de una democracia condicionada, “tutelada”: libre para elegir, siempre que elija dentro de los límites aceptables para los Estados Unidos. Frente a ello, la defensa de la democracia requiere coherencia entre principios internos y prácticas internacionales. No basta con celebrar elecciones o invocar la soberanía de manera selectiva; es necesario proteger las condiciones materiales, institucionales de la nación o de la región, y jurídicas que permiten a cada sociedad deliberar sobre su futuro. Sustituir la tutela por cooperación, tal como lo hace Claudia Sheinbaum en el caso de México, la presión opaca por reglas públicas y el privilegio geopolítico por responsabilidad compartida no garantiza la ausencia de conflictos. Sí establece, en cambio, una forma más legítima de enfrentarlos. En última instancia, la “calidad” de la democracia en América Latina se mide por su disposición a exponer alternativas reales y relevantes para enfrentar y resolver los rezagos socioeconómicos, derivadas de erróneas prácticas políticas que anteponen los intereses de grupos hegemónicos a los intereses colectivos de nuestras naciones, sin populismos ni dependencias de actores externos; es necesario que América Latina se reivindique y demostremos que somos capaces de construir sólidos escenarios democráticos.
Miembro del Consejo Académico de Save Democracy.
Doctor en Relaciones Internacionales, escritor y articulista. Docente de tiempo completo del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Conferencista y participante en Foros Académicos y de Organismos Internacionales en EE. UU., Canadá, Alemania, Austria, Eslovaquia, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Ecuador y República de Chile. Colaborador del Colegio de Defensa Nacional en su Maestría: Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacionales. Coautor del Libro “Gobierno, gobernanza y Administración Pública” (2015).
