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EL RESPETO A LA PLENA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL EN ARGENTINA, ES FUNDAMENTO Y GARANTÍA DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL PAÍS

Save Democracy expresa su preocupación por la tensión generada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial argentinos a raíz del avance en los juicios que se sustancian contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su anterior gobierno, al considerar que dicho enfrentamiento afecta la gobernanza democrática y el normal funcionamiento republicano en ese país.  La reacción del gobierno encabezado por Alberto Fernández desconociendo la legitimidad de estos procesos judiciales, pone en tela de juicio la división de poderes consagrada en la Constitución nacional y profundiza uno de los graves desafíos que enfrentan varias democracias en América Latina: el descrédito de sus instituciones axiales, especialmente la confianza en la justicia, sin la cual la convivencia democrática se convierte en utopía.

La división de poderes es el máximo mecanismo constitucional de combate a la corrupción, por lo que los jueces y fiscales intervinientes deben ejercer su función con independencia y sin interferencias del poder político o el amedrantamiento y presiones extrajudiciales en todas sus manifestaciones.

En este sentido, Save Democracy llama al firme respeto a la Constitución de la República Argentina y pone de relieve que, sin una efectiva división de poderes que garantice la autonomía e independencia del Poder Judicial, no hay democracia que pueda ser considerada plena.

Save Democracy invita con urgencia a todos los sectores de la sociedad argentina a defender sus instituciones democráticas y el respeto pleno a su Constitución nacional, al tiempo que espera que tanto el gobierno como la oposición contribuyan a fortalecer la división de poderes y la existencia de una Justicia independiente.

La Argentina se aproxima peligrosamente a lo que ya han vivido y siguen viviendo otras sociedades y países americanos: la existencia de una fractura impuesta por la pretensión de instalar el antagonismo entre dos maneras de entender la democracia, el respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales rompiendo el tejido social y deslegitimando a las instituciones representativas.